La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, anunció ayer, un día después del triunfo socialista en las elecciones generales, que el PSOE no descarta gobernar en solitario, mientras que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declaró que no hay prisas para formar el nuevo Ejecutivo. Nadie oculta que detrás de cualquier decisión está la influencia de la proximidad de las elecciones del 26 de mayo. Estas manifestaciones de un posible gobierno en solitario se producen, además, en un escenario en el que los empresarios llamaron a un acuerdo alejado de políticas extremistas e, incluso, a un posible pacto entre PSOE y Cs que dé estabilidad al país, como se sugiere en un documento del Banco Santander filtrado ayer y que dirigió esta entidad a sus grandes clientes. Frente a estos llamamientos, la postura que mantuvo durante la campaña electoral Ciudadanos (Cs), y que ayer reiteró la portavoz nacional de la formación naranja, Inés Arrimadas, es de rechazo a un posible pacto con los socialistas. En juego está el posible liderazgo futuro de Albert Rivera como jefe de la oposición. Mientras tanto, desde Podemos se continuó manifestando el interés de llegar a un pacto con el PSOE que les permitiera entrar en el Ejecutivo, lo que también sería el mal menor al importante descenso de escaños que registró el partido encabezado por Pablo Iglesias. En este encaje de posicionamientos hay que unir, además, las dudas surgidas en el seno del PP tras la debacle popular, en el que su líder, Pablo Casado, concurría por primera vez a unas elecciones como candidato a la Presidencia del Gobierno. Por el momento, existe una calma tensa en Génova, que también ha visto cómo a su derecha aparecía con fuerza Vox, radicalizando los discursos y cuestionando posicionamientos que hasta hace poco tiempo nadie ponía en duda.
El engranaje de este nuevo escenario del 28-M lo completan los nacionalistas y el independentismo, que ha reforzado a ERC y al Partido Nacionalista Vasco (PNV), aunque en este caso se trata de un nacionalismo moderado. Cualquier futuro gobierno central no puede permanecer ajeno a esta realidad y a las líneas rojas que define el marco constitucional aprobado en 1978. Si hace poco tiempo la estabilidad era el bien más preciado en España, ahora parece que este axioma ha pasado a un segundo plano, absorbido por los intereses de los partidos, que ven más la realidad a corto plazo que el futuro de los españoles. Lo que sí está claro es que España no debiera estar sometida a intereses partidistas, debiendo primar una visión nacional que, incluso, desde el exterior se viene demandando. Desde Bruselas se ve la importancia de un Estado fuerte que defienda los intereses comunitarios ante la incertidumbre que ha surgido por el brexit, el auge de los nacionalismos y la extrema derecha en la UE. Es el momento de los pactos, pero habrá que ver si prima la estabilidad o el partidismo cortoplacista.
