La coalición que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa mediante una moción de censura ha durado apenas ocho meses y medio. Con el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado quedó rota ayer, al votar juntos para devolver las cuentas al Gobierno la oposición de derechas y los partidos independentistas catalanes. Ahora, el presidente del Gobierno anunciará el adelanto de las elecciones generales, cuya fecha se desconoce, pero la del 28 de abril parece probable. El fracaso de la tramitación de los PGE no puede extrañar dada la dificultad de gobernar con solo 84 diputados de 350 y más en tiempos convulsos como los actuales, incluido el juicio del procés. El desenlace de ayer abre un tiempo electoral que abarcará todos los niveles instiucionales en España (salvo Andalucía y resto de autonomías del art. 151 de la Constitución) y que se promete de extrema tensión. El independentismo votó en contra, perjudicando sus propios intereses y augurando un escenario en el que todo intento de diálogo se pierde, y los ciudanos españoles se verán privados de los avances sociales que recogían las nuevas cuentas. Aunque se mantendrá la subida del salario mínimo y pensiones, el gasto social no aumentará (en violencia de género, pobreza infantil, dependencia, investigación y desarrollo, infraestructuras, vivienda o empleo juvenil) ni habrá nuevos impuestos para financiar estas mejoras ni se incrementará el IRPF a las rentas más altas.
