Hoy se levanta el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo. Por tanto, se pone en marcha el esperado regreso a la normalidad, que no será rápido, que dependerá mucho de que los ciudadanos asumamos una importante cuota de responsabilidad personal y que está, por lo que se refiere a la reactivación de los engranajes de la vida social, económica, laboral, académica y administrativa, plagado de incertidumbres y de dudas.

El Gobierno de la Junta de Andalucía recupera sus competencias y ha aprobado 400 medidas para regular la «nueva realidad». Que la desescalada será lenta lo evidencia el marco temporal de esta normativa, que se extiende hasta abril del 2021 con la esperanza de que para esa fecha ya exista una vacuna contra el covid-19. El riesgo de un rebrote de la pandemia se cierne sobre todas las decisiones del Gobierno central, autonómico y administraciones locales, así como sobre el conjunto de la sociedad, que ya ha pagado un importante tributo en vidas y sufrimiento, y que ahora afronta una dura crisis económica en la que el peor escenario sería el del rebrote de los contagios y nuevos confinamientos.

Cautela, responsabilidad, esfuerzo y solidaridad con los más débiles son ahora los conceptos clave, que atañen a todos, pero con la batuta en las manos de unas instituciones que no han sido capaces (principalmente en el Congreso de los Diputados) de bajar las espadas políticas en esta etapa tan dura. Ni el Gobierno ha actuado con la suficiente transparencia y deseo de consenso ni la oposición ha dejado de azuzar a un Ejecutivo que se las veía con una crisis sin precedentes en la que cada decisión era por fuerza un experimento. El momento de pedir cuentas no ha llegado.

Los planes de reconstrucción que ponga en marcha España dependen del acuerdo en la Unión Europea, que en la cumbre del viernes seguía atascada y sin aprobar el Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros. También de cómo evolucione la pandemia, reactivada en muchos países del mundo. Y en España sigue sin resolverse la negociación sobre la prolongación de los ERTE. Las ayudas anunciadas a los sectores más afectados son bienvenidas y necesarias, pero insuficientes. Como lo son las arbitradas por la Junta, Ayuntamiento de Córdoba, Diputación y ayuntamientos de la provincia.

Córdoba, como España, cierra una etapa de extraordinario sufrimiento, en la que la sociedad ha tenido, en líneas generales, una actitud ejemplar. Estamos en un país fuerte y capacitado para trabajar con ánimo por el futuro. Sin olvidar el dolor sufrido y por venir, especialmente por los miles de ciudadanos que han enfermado y fallecido, agradeciendo el esfuerzo a los que más se la han jugado y han velado por nuestra salud, seguridad, abastecimiento y bienestar, cabe pedir responsabilidad a todos y unidad de acción a los que ejercen tareas de Gobierno para no dejar a nadie atrás.