La clave está en los actos, no en las palabras. Así, aunque haya arropado su discurso con el consabido estilo «no pasarán» al que nos tiene acostumbrados el independentismo, lo cierto es que el presidente del Parlamento de Cataluña tomó ayer una decisión que le evita, a él y a la institución que preside, incurrir en la ilegalidad. A lo que parece, ERC ha dicho basta. Al menos, de momento. Aunque lo deseable hubiera sido que el bloque independentista prescindiera de Carles Puigdemont y nombrara presidente de la Generalitat a alguien sin implicaciones en la etapa anterior, por lo menos no se ha abierto otro cisma de ilegalidad. Con buenas palabras --«No propondré a ningún otro candidato»-- que no ocultan la carga de profundidad, el presidente del Parlament, Roger Torrent, frenó ayer la intención de Puigdemont y JxCat de convertir la sesión de investidura del primero en un nuevo acto contrario al ordenamiento constitucional y en un escarnio al Estado. Con el argumento de que debe «defender los derechos» de Puigdemont para someterse al debate de investidura «con todas las garantías», Torrent aplazó el pleno y frustró la intención del expresident prófugo de la justicia de ser investido a distancia, lo que hubiera acarreado la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) y consecuencias legales para Torrent y la Mesa del Parlament. La declaración de Torrent, sus críticas al Estado español y demás mensajes conocidos no ocultan la quiebra en el bloque independentista, de consecuencias impredecibles. Torrent se encontraba ante la tesitura de permitir la investidura de Puigdemont sin que este hubiese detallado a sus socios de ERC ni el plan de Gobierno, ni su composición, ni si tiene la intención de regresar de Bruselas ni el discurso de investidura. Era un salto al vacío con unas consecuencias, además, muy graves: la acción de la Justicia contra la Mesa del Parlament, el nuevo cese de Puigdemont y la prolongación del 155 y, por tanto, de la intervención de las instituciones catalanas. Todo ello a mayor gloria de Puigdemont.
Torrent y ERC sufrieron ayer la presión, en las redes y en la calle, que antes solo se desataba contra los partidos no independentistas. Esta vez comprobaron cómo se sienten los cargos públicos de Ciudadanos, PSC o PP ante la creciente violencia, consecuencia de la fractura institucional y social que algunos han alentado y de la que son responsables. Al menos ayer, Torrent actuó con responsabilidad al no volver a colocar a la cámara catalana fuera del orden constitucional y con coherencia respecto a lo que ha defendido: que Cataluña necesita un Govern que gobierne desde el minuto uno, algo que Puigdemont no puede ofrecer desde Bruselas. Porque la realidad es que Cataluña sigue bloqueada, sin Gobierno ni perspectiva de tenerlo. Y con el daño, más grave, de que el bloqueo afecta a España y sus instituciones, que van sufriendo la parálisis y el desprestigio que supone esta grave crisis sin resolver.
