El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha pasado de 735,9 euros a 900 euros brutos al mes medidos en 14 pagas. El importante incremento, de 164,1 euros mensuales para los trabajadores que perciben esta cuantía mínima legal, es muy significativo y puede marcar la diferencia entre la pobreza y la supervivencia precaria para muchas familias, o entre la dependencia familiar de los jóvenes y sus posibilidades de emancipación. No hay datos estadísticos claros, la convención es que en España hay en torno a 540.000 trabajadores contratados conforme al SMI, el 3,5% del total, aunque según la Estadística del Mercado de Trabajo de la Agencia Tributaria hay otros 6,3 millones de españoles que perciben ingresos por debajo del salario mínimo. Hay que tomar esta última cifra con cautela, pues, aunque haya muchas situaciones sangrantes por su injusticia, en su mayor parte corresponde a personas que solo han trabajado unas semanas o unos meses al año, con empleos a tiempo parcial o jornadas reducidas, de las que se obtiene esta media. Con los datos de la Agencia Tributaria, la cifra de cordobeses que perciben sueldos en torno al SMI y podrían beneficiarse de la subida ronda los 42.000, y los sindicatos estiman que su aplicación podría alcanzar hasta a 180.000 ciudadanos si se tiene en cuenta el impacto sobre el amplio grupo cuyos ingresos están por debajo del SMI.

La decisión tomada por el Gobierno, que tuvo vía libre en el último Consejo de Ministros del año pasado, no ha sido bien recibida por las organizaciones empresariales. Es cierto que una subida salarial del 22,3% parece desmesurada. Pero también es cierto que el SMI anterior era excesivamente bajo para el coste de la vida en España, y el alza prevista puede contribuir a corregir desigualdades. Más dinero en el bolsillo de los trabajadores dará lugar a más consumo --quizá se aprecie en estas rebajas--, y puede favorecer la actividad económica, al igual que la recaudación fiscal, con lo que al final el conjunto de la sociedad se vería beneficiado.

Sin embargo, es necesario esperar a conocer el comportamiento del mercado laboral, pues son varios los factores que generan incertidumbre. Por una parte, las subidas de la luz y la telefonía y la previsión del alza de los precios de los carburantes en el 2019 se podrían comer cualquier ventaja económica. Y lo principal: ¿cómo reaccionarán los empresarios? ¿Asumirán esta medida o la compensarán con recortes en el empleo y alzas de precios? ¿Se disparará más, si cabe, la economía sumergida en Córdoba? Bastarán unos meses para saber si, como debería ser razonable en una economía que crece, el mercado laboral asume estos cambios o los convierte en un factor negativo. La precariedad del empleo es una lacra especialmente acentuada en nuestra provincia, que debe corregirse tras cuatro años de crecimiento económico realizado sobre los ajustes de la larga crisis. Hay que repartir.