Los constructores cordobeses han dejado claro su malestar por la decisión de las administraciones de encargar a la empresa pública Tragsa la terminación de diversos equipamientos que quedaron paralizados por incumplimientos de las empresas adjudicatarias. Tal es el malestar que la Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba (Construcor) anuncia que recurrirá el encargo a Tragsa de las obras en la biblioteca del Estado en los Jardines de Agricultura (recién retomadas) y, si se le encarga la terminación del centro de ferias y convenciones del Parque Joyero, hará otro tanto. Es comprensible que Construcor, en defensa de su sector, se oponga a la adjudicación directa de trabajos de obra pública a Tragsa en lugar de la habitual licitación que da una oportunidad a las firmas privadas. Y es natural que actúe, como lo ha hecho la asociación nacional en Valencia. Pero, desde el punto de vista de las administraciones --tanto Junta de Andalucía, que lo hizo para concluir el Palacio de Congresos, como Ministerio de Cultura y Ayuntamiento-- lo que es intolerable es que incumplimientos del sector privado, aunque no sean empresas cordobesas, dejen a los ciudadanos sin equipamientos que deberían disfrutar hace años. Y sacar un concurso supone un retraso de un año. Sin restar razones a Construcor, lo cierto es que encontrar una fórmula para terminar con seguridad unas obras eternas es una buena salida.
