El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García (IU), retiró ayer su propuesta de suspender cautelarmente las licencias destinadas a cambiar los usos de las viviendas y convertirlas en viviendas turísticas, iniciativa que quería incluir en el marco de la innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, y que hubo de retirar por la falta de consenso en el consejo rector de Urbanismo. El PP lideró la posición en contra, a la que se sumaron Ganemos, Ciudadanos y UCOR con argumentos diferentes, pero todos basados en la necesidad de estudiar a fondo cualquier acción que se piense llevar a cabo. En la misma línea se mostró su socio de gobierno, el PSOE. El paso es precipitado para un gobierno local sin mayoría absoluta --y sin apoyo de los tres grupos que lo sostienen-- y sus implicaciones legales están poco contrastadas. Pero es muy positivo que exista conciencia de la entidad de un problema y de la necesidad de atajarlo antes de que avancen sus consecuencias negativas como en otras ciudades: gentrificación, subida de precios de los alquileres y molestias a la convivencia vecinal. De hecho, solo en los últimos doce días se han inscrito en el registro de la Junta de Andalucía en Córdoba 120 nuevas viviendas turísticas, con lo que el total formalizado (queda aparte la actividad ilegal, que triplica esta cifra) alcanza las 927 altas. Por eso, por la rapidez con la que avanza el fenómeno, la falta de consenso inicial no puede dejar un grave problema sin solución. Otras ciudades, como Barcelona en el 2017, y hoy mismo Madrid, lo abordan desde sus ayuntamientos, y el de Córdoba deberá hacerlo una vez que haya analizado a fondo la situación. Pero sin demoras.
