De la reunión mantenida ayer en el palacio de Pedralbes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, puede obtenerse una precaria visión positiva, pero que supone un paso hacia adelante. Así, la intención expresada en el comunicado conjunto de poner en marcha un «diálogo efectivo» y abordar las demandas catalanas «en el marco de la seguridad jurídica» parecen puntos de partida interesantes para ir rebajando la tensión. Sin embargo, mucho tendrán que trabajar las partes, muy especialmente el independentismo que gobierna las instituciones catalanas, para que el paso sea creíble. Hoy mismo, la calle será una prueba de fuego para las corteses actitudes de ayer. Será crucial comprobar si, ante la prevista celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, las múltiples acciones de protesta organizadas por diversos colectivos secesionistas rompen la línea roja del civismo como ha ocurrido en las últimas manifestaciones convocadas por los CDR.

Todo se ha venido moviendo en una política de gestos. Gestos positivos, como la decisión de los políticos presos en huelga de hambre de cesar en su protesta, o como la llamada a la manifestación pacífica expresada por varios dirigentes. Lo cierto es que el independentismo no quiere dar al mundo una imagen de brutalidad como la que ha podido verse --reprimida por su propia policía autonómica, no por la estatal-- en las últimas semanas.

El tablero es sumamente complejo. Son comprensibles las críticas del PP y Ciudadanos, si bien no hasta el punto al que las están elevando, puesto que toda distensión en Cataluña debe ser bienvenida. Crear un ambiente en el que se pueda debatir siempre es bueno, si bien PP y Cs lo interpretan como una rendición del Gobierno de Sánchez, encaminada únicamente a conseguir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y su propia supervivencia en el Gobierno. La actitud de Torra, alentando de forma irresponsable la protesta por un lado e invitando cínicamente al diálogo por otro no ayuda, como tampoco esta semana de presiones, de una guerra de comunicación con denodados intentos de la Generalitat de hacer ver que la reunión Sánchez-Torra era una «cumbre» entre estados en pie de igualdad. No lo ha sido, pero su mensaje ha reforzado el del PP y Cs. Han sido muchos gestos, demasiados, que han concluido con una foto tranquilizadora en las formas, pero que en modo alguno garantiza que vayan a producirse avances reales, y menos cuando queda pendiente la causa judicial y Puigdemont y otros consejeros siguen fugados. El problema institucional que está sufriendo España con Cataluña necesita menos gestos y más soluciones. Pero, al menos, se están dando pasos.