La historia de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) está jalonada de prácticas como mínimo dudosas. La más conocida fue la que provocó la acusación por apropiación indebida de Teddy Bautista en la operación Saga, pendiente de resolución judicial. Desde el año pasado el presidente es José Ángel Hevia, sospechoso a su vez de ser uno de los beneficiarios de la llamada rueda de la música nocturna, también bajo investigación judicial. No en vano entre el 2006 y el 2011 el 70% de la recaudación generada en televisión se concentraba en músicas emitidas de madrugada, con el 1% de audiencia; en la actualidad, representa el 40%, con cuantiosos beneficios para determinados socios de la SGAE. Aclarar las normas de reparto de los derechos y revertir los efectuados en el 2018, reformar los estatutos para acordarlos a la ley, e implantar el voto electrónico entre los asociados son las demandas reiteradas del Ministerio de Cultura, desoídas por los actuales gestores. Después de dudar entre retirar la licencia a la SGAE o intervenir en ella a través de los juzgados, el ministerio ha optado por esta última medida, solicitada a la Audiencia Nacional. Es una intervención drástica, motivada por «razones de urgencia» que puede topar con la lentitud judicial y con la inminente cita electoral, pero que era imprescindible si tenemos en cuenta el caos y sospechas sobre una entidad que gestiona unos 300 millones de euros anuales.
