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Editorial

El caos de la financiación autonómica

 

10/01/2018

Desde que regresó al Gobierno del país en el año 2011, en plena crisis económica, el Partido Popular ha transferido a las comunidades autónomas el peso de los recortes para ajustar el gasto público. Envuelto en la bandera de la austeridad, en realidad, ha inflingido una serie de hachazos al Estado del bienestar que no tiene precedentes en la democracia española ni en la Europa del euro. Laminar los ingresos y la capacidad de endeudamiento de los ejecutivos autonómicos es la manera de reducir el gasto público en materias esenciales como son la sanidad, en educación y en servicios sociales, convirtiendo la pugna ideológica en una peligrosa espiral de agravios territoriales. El injusto reparto de los límites del déficit durante lo peor de la crisis ha tenido consecuencias aún irreversibles en la calidad y en la cobertura de servicios públicos esenciales. Y ello tiene poco que ver con los reales desmanes autonómicos --también en términos estatales y municipales-- en los años dorados del crecimiento aparentemente ilimitado.

El último episodio de esta manera de proceder del ministro Cristóbal Montoro es especialmente grave. Sin previo aviso y sin esperar ni siquiera a que transcurriesen los primeros días del año, ha comunicado a las comunidades autónomas que la previsión de anticipos a transferir en este año 2018 ha sufrido un inesperado recorte como consecuencia de hallarse los presupuestos prorrogados.

Como han esgrimido las comunidades autónomas que están gobernadas por el PSOE, poco tiene que ver la gimnasia con la magnesia. Estos anticipos están recogidos en la ley de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), plenamente en vigor, y su cálculo depende de las previsiones de crecimiento que el Gobierno aprobó en julio junto al techo de gasto. Cabe recordar que esta triquiñuela parte del hecho de que el cálculo final de lo que se transfiere a las comunidades se liquida dos años después, una práctica que los expertos del propio ministerio de Hacienda han invitado a corregir.

La decisión de Montoro no es en ningún caso técnica sino muy política. Está claro que pretende forzar al PSOE a apoyar los presupuestos del 2018, vistas las reticencias del PNV. Y busca igualmente que el incremento de ingresos que iban a tener las comunidades como consecuencia de la mejora en la marcha de la economía no sirva para recuperar el gasto en los servicios públicos, especialmente en un año preelectoral.