El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que «queremos que pague la banca y no la ciudadanía» al anunciar el real decreto que obliga a los bancos a asumir el impuesto sobre las hipotecas. Dos meses después de aquellas declaraciones, los datos del Banco de España reflejan un encarecimiento de los créditos hipotecarios. En noviembre, coincidiendo con el cambio legislativo, los valores medios del precio de las hipotecas tocaron máximos anuales al alcanzar el 2,28% TAE (tasa anual equivalente). Aunque la subida del euríbor influye, los expertos no dudan de que el sobrecoste por el impuesto de actos jurídicos se acaba repercutiendo, de un modo u otro, en el precio. El otoño pasado estuvo marcado por la incertidumbre por el embrollo judicial acerca de este impuesto: el 16 de octubre, el Supremo dictó que correspondía a los bancos pagar la tasa y no a los cliente, pero 15 días después otra sentencia del Supremo rectificó la anterior, causando una ola de indignación ciudadana. Fue entonces cuando actuó el Ejecutivo. En su momento, desde la banca se apeló a la fuerte competencia en el sector y se aseguró que no habría subidas lineales. El Gobierno afirmó que velaría por que no se produjera un traslado de los costes a las hipotecas. Pero la anunciada Autoridad Financiera que debería proteger a los clientes de la banca sigue sin ver la luz. Y mientras tanto, como tantas otras veces, el consumidor acaba pagando más.