Las comparecencias de los gobernadores del Banco de España están desde hace años rodeadas de polémica. En plena crisis seguían recomendando ajustes salariales para indignación de una población que sufría en la economía real los efectos de la burbuja inmobiliaria y financiera, y que al final ha comprobado cómo más de 40.000 millones de euros del rescate bancario pagado entre todos se dan por perdidos. Hace apenas unas semanas, el actual gobernador, Luis María Linde, desataba una nueva batalla dialéctica al señalar que muchos jubilados españoles tienen casa en propiedad y ese es un factor importante para valorar las pensiones reales. Tal fue la algarada que tuvo que matizar mucho ese comentario. Ayer, Linde inauguró en el Congreso de los Diputados la ronda de comparecencias por la que pasarán más de setenta cargos públicos para explicar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2018. Un trámite obligatorio y previo al debate de totalidad de los PGE, previsto para el 25 y 26 de abril, con lo que el Gobierno tiene apenas una semana de margen para conseguir apoyos que le permitan sacarlos adelante.
En su intervención abordó diversos asuntos que, además de responder a las cuentas concretas de este año --reiteró que el PIB crecerá en un 2,7%--, representaron alertas para la economía española a medio y largo plazo. Reconoció la «pobre» evolución salarial en España y propuso de nuevo una reforma del mercado laboral del que subrayó el bajo crecimiento de la productividad, las «ineficiencias significativas» en el mercado de trabajo y la falta de competitividad. Ese diagnóstico merecería una reflexión en un país que ha enfocado todo aumento de la productividad --más bien de la rentabilidad empresarial-- en la bajada de salarios: por lo visto, no ha dado resultados sostenibles de cara al futuro. Y es que la buena evolución económica de España se ha visto impulsada por factores externos (monetarios, fiscales, precios del petróleo) que pueden cambiar, con el peligro añadido del crecimiento de las políticas intervencionistas (a las que se encamina EEUU) en el mundo. Aun así, Linde prevé crecimiento económico en los próximos años, si bien advierte de las dificultades para sostener las prestaciones sociales. De ellas, las pensiones son en este momento una de las grandes preocupaciones de la sociedad, y, si se cumplen las estimaciones de envejecimiento de la población y su impacto sobre el gasto público, este podría alcanzar el 21% del PIB en el entorno de 2050. Es necesario aumentar los ingresos del sistema, sea con una revisión de impuestos como propone Linde, sea con una mayor eficiencia en el gasto y mejores salarios. El gobernador, sean o no acertados sus criterios, pone el dedo en la llaga de la necesidad de planificaciones a medio plazo que permitan combinar equilibrio presupuestario y bienestar social. Y no parece que el ambiente político e institucional esté dispuesto.
