El secretario general de la Federación de Empleadas y Empleados Públicos (Fesp) de UGT, Julio Lacuerda, ha destacado hoy que el Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo firmado en marzo está "muy bien perfilado" y presenta "escasos riesgos" para su aplicación.

Así lo ha reconocido en una rueda de prensa en Zaragoza acompañado de su homóloga en Aragón, Alicia Hernández, antes de participar en una asamblea con delegados sindicales para explicarles el contenido de este proyecto firmado el pasado 9 de marzo entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Según Cuerda, aunque no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2018 existe el "compromiso firme" del Gobierno de tramitar el acuerdo por real decreto ley, que precisa también de una mayoría parlamentaria que desde UGT confían en que salga adelante.

Es, ha resumido el secretario general de la Fesp de UGT, un acuerdo plurianual que genera empleo de calidad, recupera derechos y evita la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios durante su vigencia.

Cuerda ha recordado que el funcionariado fue el primero en sufrir la crisis con una devaluación y congelación salarial, la retirada de la paga extraordinaria y el recorte de derechos que ahora se van a recuperar con este acuerdo.

En el ámbito del empleo, Cuerda ha destacado que va a suponer que "por primera vez en una década" se genere empleo neto y que salgan a Oferta de Empleo Público las alrededor de 350.000 plazas estructurales ocupadas por interinos, una labor "compleja" pero con un margen de desarrollo de tres años, ha precisado.

Con ello, el objetivo es reducir la temporalidad, que en Aragón ronda de media el 35 % (el 49,5 % en Sanidad y el 38 % en Educación), por debajo del 8 %.

El líder de la Fesp ha informado asimismo de que se ha creado una comisión administrativa con el fin de reducir cualquier "freno" o "mala interpretación" del acuerdo.