Las negociaciones para consensuar la cuarta prórroga de los ertes están encalladas. Tras la última reunión celebrada el pasado miércoles, y que acabó ya pasadas las nueve de la noche, la tensión entre las partes ha estallado más allá de las mesas del diálogo social. A las críticas de la CEOE, que acusó a Seguridad Social de falta de rigor con los datos sobre el coste de los ertes, se ha sumado este jueves UGT en un comunicado. La central dirigida por Pepe Álvarez ha cargado directamente sobre la vicepresidenta económica Nadia Calviño, y la ministra de Turismo, Reyes Maroto, acusándolas de "intromisión" en las negociaciones.

La prórroga de los ertes de la covid, que inicialmente parecía que iba a resolverse esta semana, se complica. Las partes no volverán a reunirse hasta la próxima semana y las conversaciones están muy embarradas, según coinciden varias fuentes del diálogo social. A la discreción de los primeros encuentros le ha seguido el reproche en público tras las más recientes. Y es que en la mesa en la que se sientan los equipos del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social también ejercen influencia otros departamentos.

UGT ha cargado este jueves contra la "intromisión" de los Ministerios de Economía y de Turismo, en relación a su voluntad de limitar la renovación de los ertes a sectores concretos, y contra la "cerrazón" del Ministerio de Inclusión, que aboga por mantener el acutal sistema de ayudas, que premia en mayor medida a las empresas que vayan desafectando trabajadores del erte. CCOO, por su parte, está manteniendo un perfil muy bajo mediáticamente en cuanto a exteriorizar como ve la evolución de las negociaciones.

El coste de mantener los ertes y las tensiones que esta política está generando sobre las arcas públicas están condicionando actualmente las negociaciones. Costes que ya no dependen del departamento de Yolanda Díaz y que han obligado al Ministerio de Trabajo a poner sobre la mesa cuestiones que hasta ahora no se estaban negociando. Es el caso de la no renovación del 'contador a cero' del paro. Es decir, el compromiso del Gobierno de que la prestación consumida durante el tiempo del erte no descuente derecho al cobro de una futura prestación, en caso de que el trabajador fuera despedido.