La propuesta de directiva con la que Bruselas pretende tasar a los gigantes tecnológicos no termina de despegar. La creación de un impuesto del 3% sobre el volumen de negocio de empresas como Facebook, Amazon, Apple o Google sigue generando divisiones en la UE. Para salvar el proyecto y convencer a los más reticentes, Francia, principal país valedor del plan, ha aceptado rebajar su ambición y retrasar la entrada en vigor del impuesto a finales de 2020.
La aprobación del nuevo impuesto, con el que Bruselas calcula podrían recaudarse unos 5.000 millones al año, requiere de la unanimidad y ahí radica la dificultad. El debate público celebrado por los 28 ha puesto de manifiesto que hay tres delegaciones al menos Irlanda, Suecia y Dinamarca- que no comulgan con la idea de implantar una tasa de este tipo sin una solución previa en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) porque podría generar problemas de doble imposición, dañar la competitividad de las empresas locales, de los países más pequeños y amenazar la innovación, la inversión y el crecimiento.
Estamos muy lejos de una solución factible que sea buena para Europa. Necesitamos repensar el camino, ha avisado el ministro danés, Kristian Jensen. La propuesta de compromiso planteada por la presidencia austríaca de la UE tampoco ha resuelto todas las dudas de Chipre, Finlandia, Holanda, Lituania, República checa, Malta y Alemania aunque el grueso de los Estados miembros, con Francia a la cabeza y España en el grupo, han apoyado el plan de Bruselas porque es la ocasión de mostrar a los ciudadanos que Europa no es el problema sino la solución y a las multinacionales que no son actores que puedan escapar a la justicia fiscal, ha defendido el ministro francés, Bruno Le Maire.
Francia mueve ficha
Consciente del bloqueo al que se dirige la propuesta y el riesgo de fragmentación en la UE, el ministro francés ha accedido a retrasar la aplicación del gravamen hasta finales de 2020, con el objetivo de dar tiempo a la OCDE para negociar una propuesta que debería llegar en verano de este mismo año. La idea, sugerida inicialmente por Alemania, sería dar un aprobado político en el Ecofin del 4 de diciembre aunque solo entraría en vigor si no hay una solución internacional para finales de 2020. Queremos una decisión política en diciembre y esta discusión abre el camino, ha valorado el ministro de finanzas de Austria y presidente de turno del Ecofin, Hartwig Löger.
El plan, de carácter temporal, se basa en la imposición de un gravamen del 3% sobre la facturación de ciertos servicios digitales de las empresas tecnológicas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE. Entre los servicios que serían gravados figuran la venta de publicidad online, la venta de datos de los usuarios, los ingresos generados por las actividades de intermediación de las redes sociales. El objetivo es reducir la brecha fiscal entre las plataformas digitales, que pagan un tipo medio del 9,5% y el 23,2% de las empresas tradicionales.
Tenemos 11 países, pronto 12 con España, que tienen soluciones nacionales individuales. Si no hay una solución en diciembre habrá más Estados miembros, 15 o 20 con soluciones individuales, ha alertado Löger sobre la urgencia de llegar a un acuerdo en diciembre. Si nos quedamos de brazos cruzados el mercado interior se fragmentará y las empresas europeas serán las víctimas. Hay que actuar con rapidez, ha reclamado el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici.
