La Unión Europea no se quedará de brazos cruzados y defenderá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) sus derechos. La decisión del Gobierno de Estados Unidos de reactivar desde ayer la posibilidad de imponer sanciones a las entidades e individuos europeos que hagan negocios en Cuba con los bienes confiscados tras la revolución de 1959 ha abierto una nueva fisura en las ya tensas relaciones entre Bruselas y Washington. «Causará fricciones innecesarias y debilita la confianza y la previsibilidad en las relaciones trasatlánticas», avisó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

Los intentos de Mogherini y de la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, por revertir la situación no han tenido éxito y la decisión de la Administración que dirige Donald Trump de reactivar la aplicación del título III de la ley Helms-Burton, congelado durante 23 años, era esperada. «Es una violación de los compromisos asumidos en los acuerdos entre la UE y Estados Unidos en 1997 y 1998 que han sido respetados desde entonces sin interrupción», lamentó la italiana en un comunicado secundado por los 28.

La postura de la UE no ha variado desde que el 10 de abril Mogherini y Malmström remitieran una carta al secretado de Estado estadounidense, Mike Pompeo, advirtiéndole de acciones ante la OMC.

En el primer día de la entrada en vigor del título III de la Helms-Burton, ya se presentaron las primeras demandas contra una empresa. Se trata de la compañía de cruceros Carnival, que utiliza instalaciones portuarias en Cuba expropiadas a sus dueños después de la revolución de 1959.

Las demandas fueron interpuestas ante los tribunales federales de Miami por Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y por Mickael Behn, cuya familia poseía la firma Havana Docks Corporation en el puerto habanero antes de la revolución.