La patronal de transportistas de mercancías por carretera Fenadismer ha solicitado al Gobierno que intervenga el precio de los carburantes durante el estado de alarma al considerar que no está repercutiendo el descenso que se está anotando el petróleo. La asociación sugiere restablecer, «con carácter urgente y excepcional», el sistema de fijación de precios máximos de la gasolina y el gasóleo que estuvo vigente en España hasta el año 1998.

Los camioneros consideran necesario actuar con «contundencia en este ámbito», dado que se trata de un factor «vital para la deseada recuperación económica» y para «controlar una actuación insolidaria y abusiva por parte de las principales petroleras».

Según el colectivo, mientras en las últimas semanas el petróleo se anota mínimos históricos de cotización, tras bajar un 60% desde que estalló la crisis del coronavirus, este descenso «apenas se ha reflejado» en el precio de la gasolina y el gasóleo. Según sus datos, sólo ha descendido un 12%, y en el caso del diésel, un 13%.

«PRINCIPALES AFECTADOS» / La asociación estima «sorprendente» este hecho que, en su opinión, «demuestra la poca sensibilidad mostrada por las principales compañías petrolíferas con la sociedad española». Además, Fenadismer indica que el sector de transporte de mercancías por carretera es «uno de los principales afectados», dado que continúan trabajando para «llevar a cabo una labor tan fundamental y necesaria para la población española como es garantizar el abastecimiento de bienes y productos esenciales, así como al resto de actividades económicas que permanecen activas».

Según recordó, mientras que el tráfico de los vehículos particulares se ha reducido un 90%, los camiones siguen circulando en torno al 70% de la flota habitual.

Una situación que se desarrolla, explicaron, «en muchos casos en condiciones inadecuadas por la falta de equipamientos de prevención sanitaria, y con el agravante de que una buena parte de los servicios realizados no son económicamente rentables, al retornar los camiones en vacío a sus lugares de origen por el desajuste ocasionado por el cierre de muchos sectores económicos».

ampliación / Mientras el transporte muestra sus reivindicaciones, el Gobierno estima que la ampliación en dos meses del plazo de venta de gasolina con especificación de invierno supondrá un ahorro «para los operadores y, por extensión, para el consumidor final de carburantes», de 200 millones de euros. En la memoria de impacto económico del decreto ley del martes, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo cifra estos ahorros respecto al escenario de no implementación del precepto.

Así, se considera que esta medida evita que «un importante volumen de gasolina que cumple con las especificaciones reguladas para el periodo de invierno no pudiese ser utilizada». Además, el texto subraya que los importantes estocs almacenados durante el periodo de crisis «afectarían negativamente a la logística de los próximos meses».

El martes, el Consejo de Ministro aprobó, dentro de las medidas complementarias para hacer frente a la crisis del coronavirus, ampliar hasta el 30 de junio la venta de gasolinas destinadas inicialmente al periodo invernal. El Real Decreto 61/2006, indica que entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de cada año, la gasolina que se comercialice en las estaciones de servicio debe tener una presión de vapor entre los 45 y los 60 kilopascales (kPa).

Durante el resto del año, esta medida debe situarse entre los 50 y los 80 kilopascales. Pero como la rotación de los tanques de almacenamiento es más lenta a causa del descenso del consumo, y con el objeto de asegurar que el cambio de combustible se produce con garantías, el Ejecutivo da luz verde a esta ampliación.