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AGRICULTURA

Una tractorada masiva corta los accesos a Sevilla en protesta por la crisis del campo

Agricultores y ganaderos reclaman precios dignos y control de los costes. "Estamos asfixiados", denuncian desde las organizaciones agrarias

 

Un momento de la protesta convocada por los agricultores en los accesos a Sevilla por la A-4 a la altura de Carmona. - EFE

EL PERIÓDICO
25/02/2020

Al grito de “por un campo digno”, miles de agricultores y ganaderos y unos 5.000 tractores se han lanzado este martes a la calle en una movilización histórica y han cortado cuatro de los cinco accesos a Sevilla por carretera para reclamar unos precios dignos y control de los costes de producción. Y aunque aprueban la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria que el Gobierno ha sacado adelante esta misma jornada, consideran que se queda corta para solucionar la crisis que vive en campo en los últimos tiempos.

La tractorada ha cortado la circulación en ambos sentidos en la A-49 a la altura de Benacazón, la A-4 en Carmona, la AP-4 en Lebrija y la A-92 en Aguadulce, aunque en puntos lo suficientemente lejos de la capital para que el tráfico en la ciudad no se vea muy afectado. Aunque la protesta estaba convocada hasta las 14 horas, fuentes de la organización explican que las retenciones de tráfico se mantendrán pasada esa hora debido a la complejidad para dispersar a los asistentes. Sólo la Ruta de la Plata, que conecta Sevilla con Extremadura, se ha salvado de los problemas de tráfico. La jornada reivindicativa incluye además un paro casi total en el campo y el cierre de cooperativas y empresas suministradoras.

Los agricultores han llegado a la capital hispalense desde todas las comarcas y con un problema común: la dificultad para sacar adelante sus explotaciones debido a los bajos precios de venta, los elevados costes y la competencia desleal. “No llegamos a cubrir gastos”, lamentan, al tiempo que insisten en que no se trata solo de una cuestión de precios bajos. “Vendemos a precios de hace 15 o 20 años, pero nuestros gastos de gasoil, luz, agua o fitosanitarios han seguido aumentando y subiendo conforme al IPC cada año”, lamenta Verónica Romero, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) y miembro de UPA Sevilla.

“Reclamamos precios dignos para nuestros productos, sin que ello repercuta en el consumidor, simplemente que al agricultor y el ganadero le llegue el valor real de lo que le cuesta producir en origen”, continúa, lamentando que un kilo de aceituna se venda a los intermediarios y distribuidoras a 0,60 céntimos el kilo y el usuario pueda encontrar un tarro de 200 gramos en el super a 2 o 3 euros. Por eso, Romero reclama que la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria pase por la prohibición de la venta a pérdidas, que tengamos precios establecidos de lo que cuesta producir cada producto y realmente percibamos el dinero que nos cuesta producirlo con un margen de beneficio, porque ahora mismo los agricultores estamos asfixiados”. Miguel López, responsable de UPA Andalucía, incide en otros elementos que han agravado la crisis, como la competencia desleal o los elevados impuestos. “Hay que controlar también las importaciones y defender el principio de preferencia comunitaria, primero lo nuestro”, clama.

En la misma línea, desde Asaja reprochan que “se ha reducido la tarta por la vía de los costes”, según declaraciones recogidas por Europa Press. La organización lamenta que “la productividad de la agricultura ha ido aumentando hasta que ya no ha podido más", por lo que ha exigido un conjunto de medidas de diferentes ministerios implicados para afrontar las demandas de agricultores y ganaderos.

En este sentido, y a la espera de conocer en profundidad la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria anunciada por el gobierno central, las asociaciones del sector agrario reclaman también una revisión de los módulos agrarios y bonificaciones a la Seguridad Social, así como la recuperación de los efectos de La Ley de Sequía de 2017 por cuanto ha apuntado que “la electricidad ha subido para los regadíos un 1.000%, mientras que los seguros agrarios se han reducido un 40%”.

Las organizaciones agrarias apuntan además a la importancia de una mayor participación, o con más peso, del Gobierno español en la negociación de la PAC, ya que entienden que el campo sale perjudicado en detrimento de los sectores industriales.