El Gobierno deja la puerta abierta a prorrogar hasta final de año el apoyo público a los expedientes de regulación de empleo (ERTE) de determinados sectores o empresas especialmente castigados por la pandemia, pero quiere ir con tiento y no pillarse lo dedos. El actual esquema de los ERTE vence a finales de junio y, de momento, el Gobierno está dispuesto a considerar algún tipo de prórroga hasta septiembre. Después, a la vuelta del verano, se volvería a considerar la conveniencia de una segunda prórroga hasta diciembre.

Esta es la propuesta que el Ministerio de Trabajo formuló ayer a los agentes sociales en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de los ERTE, según algunos de los asistentes. La propuesta fue valorada como «un paso adelante» por parte de los representantes sindicales, en la medida en que vieron sobre la mesa por primera vez un compromiso del Gobierno. Para la patronal este «paso adelante», sin embargo, fue «insuficiente», por falta de concreción.

Según fuentes del diálogo social, los representantes del Ministerio de Trabajo no concretaron si la prórroga hasta septiembre sería general o solo para algunos sectores, ni cuáles serían estos.

Tampoco se precisó si en estos expedientes «de segunda generación» -en expresión de la ministra Yolanda Díaz, este martes en el Senado-- el apoyo público sería en los mismos términos que existe en la actualidad, o si se rebajaría la ayuda que el Estado presta ahora a empresas (en forma de rebaja de las cotizaciones) y trabajadores (el esquema actual otorga prestación a trabajadores que aún no han generado derecho a ella y permite a los demás no consumir derechos por desempleo ya generados). Tampoco se precisó en qué términos se podría atender una segunda oleada hasta final de año.

En declaraciones a Radio Nacional de España, a primera hora de la mañana, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había confiado en poder llegar a un acuerdo lo antes posible en esta mesa de diálogo para prorrogar los ERTE.

«Hoy es una evidencia que la empresa y los trabajadores quieren que se extiendan más allá. En cuanto culminen las tareas de la comisión intersectorial, tendremos una hoja de ruta para saber qué sectores necesitan de ese acompañamiento más allá del 30 de junio. Desde luego tengo la clara convicción de que hay sectores que, por desgracia, van a requerir de ese acompañamiento», añadió. El sector turístico aparece como principal candidato a esta medida, pero también la industria.

El apoyo público a los ERTE es el mecanismo que dispuso el Gobierno para evitar despidos masivos como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Unos 3,4 millones de trabajadores están o han estado bajo su amparo desde mediados de marzo. Ahora los empresarios reclaman que se amplíe su vigencia. El martes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se refirió a ellos y dijo que este es «uno de los temas más importantes» conseguidos en el ámbito económico para lograr la protección social de los trabajadores, pero también para evitar «una quiebra en cascada de las empresas». Además, y según Efe, afirmó que a la CEOE le gustaría ampliarlos hasta diciembre para permitir a las empresas acometer «una programación real» en su actividad.