El Gobierno de Pedro Sánchez espera poder obtener el año próximo un ahorro de 500 millones, como mínimo, en el sistema de incentivos a la contratación mediante rebajas en las cuotas de la Seguridad Social que pagan los empresarios. El Presupuesto del 2018 prorrogado al 2019 incorpora una partida de 2.600 millones para incentivar la contratación de determinados colectivos (jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años, mujeres o discapacitados), para estimular la transformación de contratos temporales en indefinidos, o para apoyar a los trabajadores autónomos (tarifa plana y reducciones).

Esta partida presupuestaria está siendo sometida a examen este año por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), por encargo del Gobierno, con el fin de evaluar su eficacia para la creación de empleo.

El análisis aún no ha concluido, pero en la Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 que el Gobierno remitió a Bruselas el martes «se estima que la reorganización de los incentivos existentes podría llegar a tener un impacto anual de 500 millones desde 2020». Por eso, el Gobierno ya ha incorporado en sus previsiones para el 2020 este ahorro de 500 millones, lo cual «repercutirá positivamente en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social», afirma el documento.

España ha asumido el compromiso frente a los socios comunitarios de una revisión integral de la eficacia del gasto público (spending review) que comenzó en el 2018 con el análisis de subvenciones y ayudas. En el 2019 se ha empezado a revisar el sistema de beneficios fiscales, el gasto hospitalario, las infraestructuras de transporte y los incentivos a la contratación. Sobre esto último, existen dudas sobre si el sistema de bonificaciones de cuotas, que reduce los ingresos de la Seguridad Social, es útil.