La transición energética tendrá consecuencias directas en el empleo. Y uno de las primeras zonas afectadas en España serán las comarcas mineras y aquellos lugares con centrales nucleares que, como ya ha sostenido la ministra de Transición Ecológica en numerosas ocasiones, cerrarán al final de su vida útil (en Cataluña hay cuatro centrales nucleares, tres todavía en activo). Por ello, Teresa Ribera ha anunciado este martes un plan urgente para estas zonas dentro de la Estrategia de Transición Justa que junto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Integrado de Energía y Clima componen las líneas maestras de su ministerio.
Además, Ribera también aseguró que se pondrán en marcha los contratos de transición, negociados y pactados con las administraciones locales y agentes económicos y sociales de las zonas afectadas, un modelo similar al que ya existe en otros países como Alemania o Reino Unido. Y añadió que la afectación negativa del empleo en sectores como el del carbón no se debe solo a razones ambientales sino a la competitividad de otros países, la retirada de ayudas y la llegada de tecnologías más baratas.
Ribera hizo estas declaraciones en la clausura de la jornada "La transición energética y el empleo", organizada por el Club Español de la Energía y la OIT, en la que pidió prestar atención a los sectores de la transición energética que serán el gran motor de competitividad industrial y de la economía, dijo. "Que estos empleos sean de calidad, tanto en condiciones como salarios, hará que la transformación optimice sus efectos sociales e incentive mayores cambios (…) disminuyendo la brecha de desigualdad que actualmente sufrimos", añadió.
MARCO REGULATORIO
La economía verde creará cerca de 24 millones de empleos en el mundo, cuatro veces más de los que se perderán (unos seis millones) hasta el 2030, según un informe de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Por ello, el sector energético, representado por empresarios, agentes sociales y representantes políticos territoriales, han pedido al Gobierno un marco regulatorio urgente con el que poder llevar adelante este cambio.
"Necesitamos un marco regulatorio que favorezca la confianza en los inversores y en la sociedad en su conjunto", dijo la directora general de energía y minas de la Junta de Andalucía, Natalia Rodríguez Hereza. Una petición a la que se sumaba el director del Club Español de la Energía y presidente de la eléctrica Viesgo, Miguel Antoñanzas, el presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, o el secretario general del Grupo Español para el crecimiento Verde, José J. López-Tafall, entre otros, y que está en la mano de Ribera llevarla a cabo.
