El Tribunal Supremo obliga a devolver a los consumidores de gas los 18 millones de euros por mantenimiento y operatividad de Enagás por el almacén Castor cobrados en el 2015 en el recibo correspondiente. El fallo se debe a una denuncia planteada por la patronal vallesana Cecot ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por considerarse inconstitucional algunos de los preceptos del Real Decreto-ley 13/2014 que reconocía estos importes a esa instalación.
El Tribunal Constitucional ya invalidó las contribuciones y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ordenó dejar de pagarlos a inicios de este año. Cecot presentó otras denuncias por los años 2016, 2017 y 2018 que esperan que resulten en el mismo sentido y que supone un monto total de unos 200 millones de euros.
La patronal vallesana celebra el fallo. La organización empresarial catalana inició en el 2015 un plan de acción destinado a evitar que los consumidores de gas, y en especial las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasístico, controlada por la ACS presidida por Florentino Pérez, que no se ha llegado a poner en marcha.
A finales de abril del 2015, el Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que tomaran medidas para evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar las compensaciones por un proyecto precedido "de una evaluación desastrosa", recuerda la Cecot. En el 2017, el Constitucional avaló la decisión de la Eurocámara. Todo ello ha "constituido un apoyo a las demandas de impugnación de las distintas órdenes ministeriales publicadas a partir del Real Decreto-ley 13/2014 por parte de la Cecot en el Tribunal Constitucional".
UNAS 3,5 VECES MÁS
La cuantía de la compensación es de 1.350 millones que los consumidores de gas tenían que abonar en su factura del gas durante 30 años. La cantidad total, en caso de pagarse durante todo el periodo previsto, llegaría en realidad a 4.700 millones, si se incluyen los intereses y demás cargas. El Banco Santander, CaixaBank y Bankia son las entidades que cuentan con los derechos de cobro de esa deuda, con un interés anual del 4,27%. Ese sistema suponía un encarecimiento medio del recibo del gas de unjos dos euros mensuales.
La cantidad total en realidad ascendería a unos 4.700 millones de euros como consecuencia de los intereses durante el plazo previsto, lo que supondría multiplicar por 3,5 veces la cantidad inicial.
El Gobierno dispone de dos meses para reintegrar los aproximadamente 18 millones y la patronal "tiene previsto articular un mecanismo de devolución del importe que se ha repercutido en las facturas de gas de los consumidores desde el 2014 por el mantenimiento de una infraestructura que no se ha llegado a poner en funcionamiento, ni ha prestado servicio alguno", tras provocar varios seísmos en la zona sur de Catalunya y norte de Castellón.
La Cecot recuerda el estudio 'Panorámica Industrial' del INE, en el que se refleja que el gas constituye el 28% del consumo energético en la industria extractiva y manufacturera española. En el caso de la industria química llega al 43%. A juicio de esta organización, "la resolución de indemnizar Castor en su día fue totalmente incoherente con el discurso del Gobierno sobre la necesidad de reindustrializar el país, de hacer un plan estratégico para consolidar un modelo industrial".
El Ejecutivo del PP echó mano de la ingeniería financiera para el proceso con el Castor. Primero, endosó a Enagás, en la que tiene un 5% del capital, la responsabilidad de indemnizar a la sociedad Escal, cuya concesión había cancelado. En contrapartida, le transfirió al gestor del sistema los derechos de cobro. Enagás, como si fuera una mera intermediaria, de forma inmediata, cedió a los bancos que adelantaron el dinero para pagar a la concesionaria los derechos de cobro, tras una puja de ofertas convocada por el Ministerio de Industria, tal como preveía un real decreto-ley que reconocía la compensación y revertía al Estado las instalaciones.
