El Banco de España considera que serán necesarias medidas adicionales que aumenten los ingresos o reduzcan los gastos del sistema de la Seguridad Social para compensar la subida de las pensiones de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC), como ha propuesto la comisión del Pacto de Toledo y el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a aplicar. Si no se adoptan estas medidas compensatorias, advierte el regulador, no se podrá garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de prestaciones públicas.
El organismo ha hecho público un análisis de su departamento de estudios sobre el impacto que tendrán en las finanzas públicas el acuerdo adoptado en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para que las pensiones se revaloricen, de forma general, en base al índice de precios del consumo (IPC) anual, en lugar de hacerlo con el índice de revalorización de la pensiones (IRP) que implantó la última reforma del Gobierno del Partido Popular.
Desde que entró en vigor el IRP, en el 2014, las revalorizaciones anuales de las pensiones han sido del 0,25% entre ese año y el 2017, lo que ha provocado una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas que ha recibido una contundente respuesta por parte de estos con movilizaciones en muchas ciudades españolas.
La ley de Presupuestos del Estado para el 2018 rompió esta tendencia y en lugar de aplicar el IRP, estableció un aumento del 1,6% para todas las pensiones para este año, ampliable al 2019 si no hubiese otro tipo de acuerdos en la comisión del Pacto de Toledo. Además, se retrasó hasta el 2023, como máximo, la aplicación del llamado factor de sostenibilidad que, a la práctica, reducía las nuevas pensiones.
ESCENARIO FUTURO / Según las simulaciones del Banco de España, todos los cambios adoptados respecto a la reforma del 2013, y sobre todo la revalorización de las pensiones en función del IPC podrían comportar un «aumento del gasto de 1,9 puntos porcentuales del producto interior bruto (PIB) en el 2030 y de 3,4 puntos en el 2050», basándose en un escenario en el que la pensión media se revalorizara conforme al IPC y el factor de sostenibilidad entrara en vigor en el 2023.
Traducido en euros, el incremento porcentual que calcula el Banco de España equivaldría a unos 20.000 millones de euros más de gasto para pagar las pensiones en el 2030, y prácticamente el doble, unos 40.000 millones, en el año 2050.
PLAN DEL EJECUTIVO / La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo aún trabaja para acordar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema. El Gobierno, por su parte, es partidario de avanzar en un plan a medio plazo de separación de fuentes de financiación para que las cotizaciones de la Seguridad Social se dediquen en exclusiva al pago de prestaciones contributivas.
Esta medida y los ingresos derivados de los nuevos impuestos sobre transacciones financieras y sobre servicios digitales (tasa Google) deberían contribuir de forma notable al equilibrio del sistema, según adelantan fuentes del Ejecutivo actual.
Del informe se desprende que la reforma adoptada en el 2013 permitía, según el Banco, preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
La parte negativa de la citada reforma, como constata el mismo estudio era que, sin cambios legales adicionales, se produciría «un descenso progresivo del valor de la pensión media en relación con el del salario medio», puede leerse en el texto.
Según el Banco de España, la revalorización mínima del 0,25% se impondría «durante gran parte de las tres próximas décadas» lo cual daría lugar a «una erosión gradual del poder adquisitivo de la pensión a lo largo de la vida de su perceptor».
El peso de las protestas en las calles, que no disminuyen a pesar del tiempo transcurrido, y el temor a sus posibles efectos en las urnas forzó al Gobierno del Partido Popular a limitar la reforma y al Pacto de Toledo a recuperar la revalorización vinculada al índice de precios al consumo (IPC).
