La Audiencia de Barcelona absolvió ayer a la excúpula de Caixa Catalunya por el caso de los sobresueldos, entre ellos el exdirector general de la entidad, Adolf Todó, y el expresidente Narcís Serra. Los 41 altos cargos de la entidad estaban acusados de haber elevado sus retribuciones en el 2010, en plena crisis financiera y de la propia caja, que más tarde requirió en torno a 12.000 millones de euros en ayudas para su rescate. La sentencia llegó apagada por el estruendo de la actualidad, al coincidir casualmente con el primer día del juicio del procés y la votación de los Presupuestos del 2019 en el Congreso, que disparaba los rumores de adelanto electoral.
El expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra recibió la noticia con satisfacción en la propia sala de vistas: «Estaba seguro de que la sentencia iba a ser absolutoria», afirmó inmediatamente tras anunciarse el fallo. «Lo ves, lo ves, ya te dije que no eras ningún delincuente», le dijo Serra a otro de los acusados entre felicitaciones mutuas y llamadas a la familia. Aseguró Serra en ese momento que no era una sorpresa la sentencia y destacó la fortaleza de los argumentos aportados por todos los acusados durante el juicio y el papel relevante del testimonio de los responsables del Banco de España, que reconocieron que la institución siempre estuvo al corriente de las decisiones de los responsables de Caixa Catalunya. Todó, siempre reacio a hablar con los medios de comunicación durante todo el proceso, se mostraba visiblemente emocionado y solo reconoció que estaba «muy satisfecho», mientras llamaba con su móvil para dar la noticia.
Los temores e inquietudes del primer día del juicio se tornaron ayer en tranquilidad para todos los acusados, murmullos de júbilo en la sala de vistas en un primer momento y casi jolgorio al confirmarse la absolución colectiva con el reparto de sentencias a cada uno de los encausados. Lejos quedaba ya aquel primer día en el que se les requirió el DNI para acceder al banquillo de los acusados en ambiente de solemne gravedad y temor generalizado. Incluso la funcionaria que les puso firmes el primer día mostraba ayer un talante completamente distinto, conocedora ya del desenlace tras las interminables 27 sesiones.
El balance del trance judicial ha sido la absolución legal, por falta de hechos punibles, pese a la reprobación pública sufrida tras airearse los ingresos de consejeros y directivos en momentos de apreturas para la mayoría. La sentencia concluye que «los hechos declarados probados no son constitutivos del delito de administración desleal ni del de apropiación indebida sostenido por las partes acusadoras».
El juicio oral en la Audiencia de Barcelona de Caixa Catalunya terminó el 29 de noviembre del 2018 sin que el expresidente de la entidad Narcís Serra, el exdirector Adolf Todó ni los otros 39 acusados hiciesen uso del turno de última palabra, ante el temor de que fuese autodefensa suicida. La estrategia dio sus frutos. El fiscal Fernando Maldonado mantuvo su talante duro con los imputados durante todo el juicio, aunque rebajó de cuatro a tres años la petición de cárcel para Serra y Todó, y fijó una multa de 67.500 euros para ambos. Todas las peticiones de la fiscalía fueron rechazadas. La defensa de Serra pidió su absolución porque los aumentos de salarios a directivos eran «perfectamente legales», no causaron un perjuicio económico a la entidad. El abogado de Serra, Pau Molins, insistió en que los incrementos fueron irrelevantes desde una perspectiva penal.
Argumentó que Serra «observó escrupulosamente sus deberes de lealtad a la caja» como presidente, designando a un nuevo equipo directivo liderado por Todó, considerado uno de los más cualificados directores generales en activo por su gestión al frente de Caixa Manresa. También defendió que el Banco de España, que estaba controlando la entidad en su proceso de fusión, conocía los sueldos, aunque tres excargos del organismo aseguraron en el juicio que no fueron informados de los aumentos aunque no era obligatorio hacerlo.
El abogado de Adolf Todó, Juan Segarra, alegó ayer que en el juicio quedó probado que el exdirector de Caixa Catalunya se ausentó en la votación del consejo de administración de enero del 2010 que aprobó el aumento salarial, por lo que directamente no podía ser autor del delito. En su declaración, Serra expresó que el salario que se fijó para los directivos en el 2010 era «prudente» e inferior a la media del sector, y que se hizo con el conocimiento del Banco de España. Defendió que en ese momento la entidad no estaba en crisis, pese a que desde julio de ese año hasta diciembre del 2012 el FROB inyectó 12.000 millones de euros, y que el Consejo actuó con el conocimiento de que el FROB y el Banco de España consideraban Caixa Catalunya como «fundamentalmente sólida».
