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ENERGÍAS RENOVABLES

El sector eléctrico pide tiempo para adaptarse al ‘nuevo’ autoconsumo

Según la patronal, se requiere un marco normativo más claro

 

Sara Ledo MADRID
16/02/2019

La evolución del autoconsumo ha sido renqueante desde que en el año 2013 se instalaron en España 19 megavatios de potencia. No obstante, en el año 2018 se consiguieron instalar ya 235,7 megavatios y las previsiones del sector pasan por alcanzar una velocidad de crucero de entre 300 y 400 megavatios al año.

En este contexto, eléctricas y autoconsumidores están condenados a entenderse sobre las bases del Real Decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo que el Gobierno prevé aprobar antes del 28 de abril. Una propuesta que ha estado en fase de consulta pública y sobre la que el sector eléctrico considera que hay «margen de mejora».

«Es necesario un periodo transitorio, algo que en el borrador no está recogido y creemos que es importante», propuso durante una jornada sobre autoconsumo Raúl Suárez, uno de los miembros del Comité de Directores de la patronal eléctrica, Aeléc. Para Suárez, hay casos como el control de la potencia en las redes que se elimina al eximir al consumidor de menos de 15 kilovatios de ese permiso de conexión –«Tenemos que saber qué potencia hay conectada para asegurar la seguridad y calidad del suministro»–. También la definición de instalaciones próximas (la nueva propuesta amplia a radios de 500 metros de distancia y consumos de generación en la misma referencia catastral) –«¿Pero cómo se miden estos 500 metros?– podrían mejorar.

El presidente de la asociación fotovoltaica Unef quiso aclarar que el impacto del autoconsumo sobre la red eléctrica «es mínimo». Así, con los «números» en la mano de los dos anteriores secretarios de Estado (Partido Popular) si se instalasen esos 300 o 400 megavatios anuales, el sistema eléctrico dejaría de ingresar alrededor de 5 millones de euros de los 17.000 millones que ingresa, es decir, un 0,02%.

El texto aún puede ser modificado antes de su aprobación, que no debería peligrar con el adelanto electoral pues solo necesita aprobación técnica de la CNMC y la Secretaría General Técnica y del Consejo de Ministros.