Contraataque del Santander. Enojado con las «filtraciones» con que se ha querido dar una «imagen distorsionada de los hechos», el banco desveló ayer de forma inusual la batería de argumentos con que se opone a la demanda que le ha presentado Andrea Orcel, el banquero italiano cuyo fichaje como consejero delegado anunció en septiembre pasado y desestimó en enero y que le reclama hasta 112 millones de euros de indemnización. Entre otros, le acusa de haber grabado conversaciones con sus directivos sin su conocimiento, entre ellos con la presidenta, Ana Botín.
El enfrentamiento se ha enconado hasta niveles insólitos. En un comunicado, el banco defiende que nombró a Orcel «de buena fe y después de llevar a cabo un sólido proceso» de selección. Precisa que lo que le presentó fue una «carta oferta», no un contrato, que estipulaba que el Santander pagaría como máximo 35 millones de euros en acciones de los más de 50 millones que el ejecutivo tenía derecho a percibir si se quedaba en la entidad en que trabajaba, la suiza UBS. La entidad argumenta que el nombramiento nunca llegó a ser firme porque no llegó a ser aprobado por la junta de accionistas, el consejo de administración y el Banco Central Europeo (BCE) y porque estaba condicionado a llegar a un acuerdo sobre el pago que recibiría Orcel por dejar UBS. El ejecutivo italiano, sostiene, aseguró que el grupo suizo asumiría hasta el 50% de lo que le debía.
El Santander mantiene que Orcel no solo no hizo todo lo posible para que UBS le abonara una parte significativa de lo que le adeudaba, sino que se negó a descontar de esa cantidad pendiente los 13,7 millones que la entidad suiza sí accedió a abonarle por otros conceptos. Además, añadió al saldo pendiente otros tres millones en concepto de dividendos e intereses.
El banco español asegura tener pruebas de que el italiano «entendió» la decisión de no ficharle y afirma que mantuvo conversaciones con él para que pudiese continuar con su carrera colaborando con la entidad.
