Después de sucesivos informes tirando de las orejas al Estado español por el bajo nivel de protección a las familias en situación de pobreza, la Comisión Europea (CE) acordó con el Gobierno de Mariano Rajoy financiar un ambicioso estudio, capaz de involucrar a todas las administraciones, para revisar en profundidad el insuficiente sistema de garantía de ingresos mínimos en España. El informe, dotado con una subvención de 251.142 euros, fue elaborado por catedráticos y profesores de las universidades Rey Juan Carlos, de Alcalá y de Navarra a lo largo de casi dos años y fue entregado al Ministerio de Sanidad en diciembre del 2016, departamento al que acababa de llegar Dolors Montserrat. Desde entonces el trabajo ha permanecido en un cajón, para desesperación de sus autores y de las propias instituciones europeas.
Al cabo de dos años, el documento ha salido a la luz y desde hace un mes aparece de forma completa en la página web del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo acuerdo con Podemos incluye desarrollar un ingreso mínimo vital, empezando por aumentar la prestación por hijo a cargo en las familias vulnerables desde los 291 euros al año a los 473 euros en el 2019.
En contra de esta interpretación, fuentes del equipo de la exministra Montserrat relatan que a finales de febrero del 2018 la página web del ministerio ya publicó las conclusiones, entendiendo que el compromiso con la Comisión Europea solo afectaba a esa parte del estudio. Admiten que el 7 de junio recibieron un escrito de la CE instando a la publicación completa del informe, pero no ven en ello un toque de atención.
Lo cierto es que las conclusiones del documento no eran muy halagüeñas. «En el caso de España, las bajas cuantías, los problemas de cobertura de la población vulnerable y, sobre todo, la ausencia de una última red de seguridad económica equiparable a la de la mayoría de los países europeos causaron que la pobreza, que ya era superior a la media antes de la crisis, creciera más que en la mayoría de los estados de la Unión Europea», se afirma en el estudio dirigido por el catedrático Luis Ayala, de la Universidad Rey Juan Carlos.
El número de prestaciones asistenciales (no contributivas) para personas sin empleo y hogares sin ingresos pasó de cuatro a seis millones entre el 2008 y el 2015. La cifra de gasto casi se duplicó en dos años hasta alcanzar su máximo histórico en el 2010 (cerca de 22.000 millones), sin llegar por ello a los niveles europeos. Luego empezó a bajar por los recortes.
Del total del gasto asistencial, no contributivo, más de un tercio se destina al complemento de mínimos de las pensiones, y una cuarta parte, a subsidios por desempleo. El resto incluye prestaciones por hijo (7%), por invalidez y jubilación (11,8%), la renta activa de inserción (6,41%) y las rentas mínimas de inserción de las autonomías (6,7%).
El documento constituye un ingente mapa de datos sobre las numerosas, insuficientes y descoordinadas prestaciones; su limitada eficacia para sacar a las familias de la pobreza; la diferencia entre autonomías, el perfil de los perceptores y la relación entre estas ayudas y la incorporación al mercado laboral. Muchas de estas cifras, actualizadas, están siendo aprovechadas ahora por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a pocas semanas de presentar en el Parlamento su evaluación sobre lo que costaría implantar la prestación de ingresos mínimos en la Seguridad Social. Los expertos del informe apuntan a «la introducción de complementos monetarios para los trabajadores con bajos salarios y apoyos para hallar empleos que garanticen la emancipación de las prestaciones económicas complementarias», dentro de un sistema en el que se evite el aprovechamiento de estas ayudas para rebajar los costes salariales y el desincentivo a buscar empleo.
