El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato defendió ayer que cobró por sus servicios como conferenciante de forma legal, al igual que «muchas otras personas», ya que desde el 2002 es «plenamente legítimo facturar a través de empresas».

En declaraciones a los medios, el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional dijo que estas pesquisas son un «claro caso de discriminación» en tanto que «otras personas con biografías similares y con responsabilidades similares o superiores» a las suyas no se les ha atribuido delito fiscal alguno.

Según la Guardia Civil, entre el 2007 y el 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) 1,7 millones de euros. El año de mayor volumen fue el 2008, meses después de su salida del FMI. En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al exministro responsabilidades por el ejercicio 2012, año en el que se habrían defraudado, a falta de cifras definitivas, al menos 672.329 euros. Esta cuantía «superaría los 120.000 euros» establecidos por el Código Penal como delito, y no podría considerarse prescrita.