El panorama sigue incierto para los 305.000 accionistas del Popular más de un mes después su intervención, que les hizo perder toda su inversión (1.300 millones de euros en aquel momento). La compensación que el Santander ofreció este jueves solo afecta a una parte minoritaria del colectivo. Acudir a la justicia, así, parece la única vía de la mayoría para tratar de recuperar el dinero, aunque también es un camino con costes, dilatado en el tiempo y en que el éxito no está garantizado.
La "acción comercial" del Santander, sometida a varias condiciones, solo va dirigida a los clientes minoristas y a los empleados del banco que compraron acciones del Popular entre el 26 de mayo y el 21 de junio del 2016 (última ampliación de capital) y a los que compraron las obligaciones subordinadas del 29 de julio y el 14 de octubre del 2011 (únicas dirigidas a pequeños ahorradores). La agencia 'Reuters' ha apuntado que podrían beneficiarse unos 110.000 pequeños accionistas.
El Santander publicará en los próximos días un folleto en laComisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con los detalles. Para los potenciales beneficiarios puede ser una buena opción si quieren evitarse los gastos y la incertidumbre que supone la vía judicial (el Santander obliga a renunciar a adoptar medidas legales en su contra). Además, aunque el banco no podrá amortizar el bono y devolverles su inversión hasta dentro de siete años, recibirán un interés anual del 1% y los títulos empezarán en septiembre a cotizar en el mercado secundario: si necesitan el dinero podrán venderlos, aunque con un descuento.
ALTERNATIVAS
Para el resto, queda la justicia. También para los que acepten el bono del Santander, siempre que no vayan contra el banco. El problema es que no está claro contra quién actuar. En las últimas semanas, más de dos docenas de asociaciones y despachos de abogados han anunciado o iniciado acciones legales contra el último consejo del Popular (el de Emilio Saracho), el anterior (Ángel Ron), su auditora (PWC), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) español, la Junta Única de Resolución (JUR) europea, y el Santander.
Si no se quiere actuar en solitario, antes de decidirse por una de las plataformas que tratan de captar afectados conviene fijarse bien en los gastos (qué porcentaje de la cantidad recuperada se quedarían, que pasar con las costas judiciales y si piden aportaciones a fondo perdido). El plazo para reclamar empieza con la intervención, no con el momento de la inversión, con lo que hay margen para analizarlo y asesorarse. También conviene valorar que la vía civil es más rápida y barata, pero tiene más opciones de éxito cuando hay avances en la penal, como sucedió con Bankia.
