Tras cerrar el 2019 con malas cifras de empleo, el colectivo de autónomos no encara el 2020 con optimismo. El frenazo en la creación de ocupación y las malas perspectivas de actividad empresarial son la tónica dominante entre los trabajadores por cuenta propia, según revela un barómetro publicado este jueves por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
El empleo autónomo terminó el ejercicio anterior en número negativos, con el 1,2% menos de afiliados al RETA que hace un año. Y los pronósticos no son alentadores para el curso entrante, tal como reflejan las 1.212 respuestas recopiladas por ATA entre profesionales del colectivo. Solo uno de cada diez trabajadores por cuenta propia prevé realizar contrataciones durante el año. Un dato que contrasta con la estadística correspondiente al 2019, según la que el 46,2% de los autónomos sí ha contratado a alguien.
No solo el empleo no irá a más, sino que es probable que vaya a menos en el 2020, pues un tercio de los encuestados admite que tendrá que realizar despidos entre sus empleados. Ese retroceso en la contratación llega por una bajada del volumen de negocio de los trabajadores por cuenta propia. La mitad considera que sus empresas van peor ahora que en años anteriores y de cara al año entrante cuatro de cada diez considera que la evolución será a peor.
EN CONTRA DE UNA SUBIDA DEL SMI
Y las perspectivas de una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente en 900 euros mensuales, no causan furor entre el colectivo. El 64,7% de los encuestados manifestaron estar en contra de un nuevo incremento de esta cuantía, frente al 19% que se ha mostrado a favor y el 16,3% que no quiso posicionarse.
4 DE CADA 10 SUFREN LA MOROSIDAD
La morosidad tanto pública como privada es una de las dificultades "más importantes" a la que se enfrenta el colectivo de autónomos; según señala ATA. Concretamente, cuatro de cada 10 trabajadores por cuenta propia dice sufrir atrasos en los pagos. Y, precisamente, con la formación del nuevo Gobierno está previsto que se reprenda el trámite parlamentario para aprobar una normativa que sancione el incumplimiento de los plazos de pago. Algo que actualmente no está penado por ley.
