La reforma de las pensiones es una cuestión recurrente de la agenda política y social. Según el último barómetro del CIS, para el 11,3% de la población española, las pensiones públicas son uno de los principales problemas del país. Un porcentaje creciente.
La pandemia ha reabierto con más fuerza que nunca el debate sobre la viabilidad económica del país, dado que España será uno de los tres países europeos donde se dispare la deuda pública, junto con Italia y Francia.
El ministro de Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, tiene la reforma del sistema como objetivo ineludible. Su intención era haberla cerrado a principios de la legislatura, pero el covid-19 ha aparcado «de momento» el proceso que, no obstante, está ahí.
Escrivá ha planteado tres líneas: volver al marco anterior a la reforma del año 2013, desincentivar las jubilaciones anticipadas y mejorar el trato fiscal de los planes de empleo (la denominada previsión empresarial) en detrimento de los planes de pensiones privados, cuya fiscalidad es, precisamente, su mayor atractivo frente a la rentabilidad financiera. Los planes de empleo son planes privados impulsados por las empresas para complementar las pensiones públicas de jubilación.
En la actualidad, hay en España dos millones de trabajadores partícipes de un plan de empleo y acumulan un patrimonio de 36.000 millones de euros. La volatilidad de los mercados en marzo, cuando estalló la pandemia, provocó pérdidas en los planes privados, que se recuperaron en abril y mayo y que sitúan la rentabilidad media a largo plazo (20 años) en el 3% y en el medio plazo (10) en el 2,4%, según Inverco.
La tendencia:
23,4 por ciento ha sido la caída de altas de pensión registradas en mayo, según datos de la Seguridad Social. Desde enero, hay 47.000 pensionistas menos en nuestro país.
