El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó ayer que la normativa española sobre el cálculo de la pensión de jubilación de trabajadores a tiempo parcial es ilegal si se demuestra que es «especialmente desventajosa» para las trabajadoras, un extremo que deberá comprobar la justicia española.

El asunto fue elevado al tribunal de Luxemburgo por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que debe resolver un recurso planteado por una ciudadana que impugnó el cálculo de su pensión de jubilación realizado por el Instituto de la Seguridad Social (INSS) alegando que la diferencia de trato con respecto a los trabajadores a tiempo completo da lugar a una discriminación indirecta por razón de sexo porque la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres.

El TJUE recuerda en su sentencia que la legislación europea prohíbe toda discriminación por razón de sexo en lo relativo al cálculo de prestaciones, entre otras cosas.

Posteriormente, señala que constituye una discriminación indirecta una situación en que una disposición «aparentemente neutra» sitúa a personas de un sexo determinado «en desventaja particular con respecto a otras personas del otro sexo».

Y apunta la sentencia que esa desventaja «existe cuando una normativa afecta negativamente a una proporción de personas de un sexo significativamente más alta que la de las personas del otro sexo».

en manos del tSJCYL / Además, afirma que es competencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León apreciar si los datos estadísticos relativos a la distribución de trabajadores de sexo masculino y femenino que le han presentado las partes son «válidos, representativos y significativos».

Si llega a la conclusión de que la normativa nacional sitúa a las mujeres en una posición «particularmente menos ventajosa que la de los hombres», debe dictar que es contraria a la legislación comunitaria «salvo que esté objetivamente justificada».

El TJUE examina si la normativa española responde a una finalidad legítima de política social y recuerda que implique una reducción de una pensión de jubilación en una proporción mayor a la que corresponde teniendo en consideración sus periodos de ocupación a tiempo parcial no podrá considerarse objetivamente justificada.