La junta directiva de la Organización Empresarial de Logística y Transporte, UNO, ha aprobado solicitar a las diferentes administraciones públicas que garanticen el cumplimiento del marco legal a todas las empresas que para su actividad realizan o subcontratan reparto de mercancías, tras apuntar que existen indicios de que Amazon, a través de Amazon Flex, y otras compañías hacen reparto de paquetería en vehículos particulares sin cumplir los requisitos que exige la ley para esa actividad.

Esta petición se extiende también a aquellas empresas que pertenecen a la llamada 'economía colaborativa'. Si estas normas se incumplen, UNO ha declarado que se estará permitiendo "una flagrante competencia desleal" que puede llevarse por delante "muchos miles de puestos de trabajo con garantías que se han creado en nuestro país".

En concreto, UNO pone el foco tanto en la normativa de transporte, como en la de carácter laboral. Se sitúan tanto en contra de las colas de vehículos particulares que se producen en las plataformas logísticas de algunas empresas y que, según la normativa vigente, no son aptos para la realización de servicios de transporte de mercancías; así como de personas sin vinculación laboral con la empresa y que, además, tampoco están administrativamente autorizadas para la realización de dicho tipo de transporte.

La organización recuerda que el reparto de mercancías está claramente regulado en España siguiendo el artículo 22 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) que dicta que para facturar por la prestación de servicios de transporte se debe ser "titular de una licencia o autorización que habilite para realizar el transporte".

Además, según UNO, tanto el artículo 47 del reglamento de desarrollo de dicha ley (ROTT) como el Reglamento General de Vehículos definen el turismo como vehículo destinado al transporte de personas. Por otro lado, el Reglamento de Circulación regula cómo se debe transportar la carga en un turismo, pero siempre entendida como enseres propios y particulares del titular del vehículo, no como transporte de mercancías de terceros, que es considerado un servicio público y para el que se requiere una autorización de transporte.

La organización también se centra en la normativa laboral que se exige a quienes participan en esas empresas, ya que toda prestación de servicios de transporte o mensajería realizada con habitualidad y en vehículo de menos de 2.000 kilos de peso máximo autorizado está legal y jurisprudencialmente considerada como laboral. Incluso ha afirmado que, en algún reportaje, se dice que se ha llegado a ver a menores en los vehículos, lo cual atentaría a la más básica recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa al trabajo infantil.

UNO ha ratificado que no se encuentra a favor de "precarizar esta actividad" y de introducir "la explotación laboral" en el reparto de mercancías. Es más, la organización ha dicho que, si se permite este tipo de actuaciones a unas empresas, quiere saber "por qué a los demás se les exige cumplir con la normativa" y se favorece "un doble marco normativo que atenta a la libre competencia".