Los intereses de los grupos de presión, también llamados lobis, van a ser divulgados y conocidos por la población en los próximos meses. Un nuevo marco legal exigirá saber cuáles son sus miembros y qué objetivos tienen. Lobi es un sector empresarial que busca una ley más laxa para conseguir sus fines o una oenegé que quiere defender los derechos de una minoría de la población. También lo es la Iglesia y una organización social. Los lobis son grupos de presión sobre los poderes públicos, que tratan de influir en la actividad de estos para defender sus intereses, que no tienen por qué ser tan espurios como demasiadas veces se ha instalado en el imaginario colectivo.
Los partidos están de acuerdo en que la mejor forma de combatir la mala fama de los lobis es la transparencia y están a punto de dar vía libre a una reforma del reglamento del Congreso que pretende crear un registro de los grupos de presión con los que se reúnen. Pero hay un punto en el que no hay consenso: qué hacer con patronales y sindicatos.
En febrero del año pasado, el PP presentó en la Cámara baja una iniciativa para crear este registro de lobis que contó con el apoyo de todos los grupos salvo Podemos, que se abstuvo por considerarla incompleta y presentó una enmienda a la totalidad que no prosperó. Solo el PSOE sumó sus votos a los de la formación morada y fueron insuficientes.
INICIATIVA VARADA / La iniciativa del PP ha estado más de un año varada en la Comisión de Reglamento con sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas. Y las de cada grupo parlamentario, consultadas por este diario, recogen distintas definiciones de quiénes deben someterse a ese nuevo control para lobis: mientras que Unidos Podemos y Ciudadanos incluyen a sindicatos y organizaciones empresariales, el PSOE pide expresamente que no se les exija la incorporación en el registro. Tampoco a las asociaciones de consumidores. Los socialistas argumentan que «ya tienen reconocida constitucional y legalmente su capacidad de participación».
La del PSOE es la misma línea que defiende Javier Amorós, el presidente en funciones del Consejo de la Transparencia. Amorós sostiene que los sindicatos «técnicamente son lobis, pero esa no es su actividad principal y que se inscribieran en el registro es un poco redundante». «Tendrían que inscribirse todos aquellos profesionales que no por su naturaleza identificas con un sector de intereses. Es lo que ocurre por ejemplo en la UE», señala.
Para Amorós, lo realmente importante es que se publiquen las reuniones que mantienen los diputados, las agendas de los políticos. «Si un diputado se ha reunido con un sindicato, ya sabemos que va a haber una actividad de representación de los trabajadores. Pero si la reunión es con una consultora, no sabes si en esa reunión van a hacer presión por algún grupo o no. Por eso tiene sentido que esa consultora se inscriba como lobista», argumenta. «El registro es importante para que se identifique a quien de otra manera no se identificaría como lobista, e incluso que se indique el sector al que representa», añade.
Es lo que el Consejo de la Transparencia defendió en la comisión del Congreso a la que fue invitado como experto para elaborar la ley integral anticorrupción de Ciudadanos, atrapada en las prórrogas interminables al plazo de enmiendas y que incluye también un proyecto de registro de grupos de interés. La formación naranja defiende que «el registro de transparencia debería incluir cualquier organización o actor individual, ya sea patronal o sindical, que quiera participar en el proceso legislativo de la Cámara», en busca de la transparencia necesaria, «sin que ello implique ningún tipo de juicio de valor sobre sus actividades».
DOS TIPOS DE ACTIVIDAD / Manuel Villoria, de Transparencia Internacional, cree que «en principio», sindicatos y patronales son grupos de presión, pero su actividad es de dos tipos: la amparada por la Constitución y la que ejercen como lobistas. Cuando ejercen la primera (la negociación colectiva, por ejemplo), no puede ser considerados un lobi. «En ese contexto, sería absurdo», indica. «Solo estarían actuando como lobistas cuando sus reuniones fueran en defensa de intereses propios», prosigue el experto.
Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, tienen clara su postura: no se consideran lobis y no deben aparecer como tal en el registro. «Tenemos la capacidad de influir otorgada por la Constitución», apunta Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, que asegura que ni son un lobi ni tienen que aparecer en ningún registro. «Somos los únicos que podemos decir a quién representamos porque nos votan en las urnas», añade.
