Alcoa ha llegado a un pre-acuerdo in extremis con sus trabajadores de las plantas de La Coruña y Avilés para evitar el ERE cuyo periodo de consultas terminó el martes y dar, de esa manera, seis meses más para encontrar un inversor y evitar la salida de ningún empleado.

La multinacional estadounidense Alcoa, la tercera productora de aluminio más grande del mundo, trasladó el pasado octubre a sus trabajadores la decisión de cerrar dos de sus tres plantas en España por problemas como «una menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y los elevados costes fijos», así como por «la sobrecapacidad de producción de China, el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía». Comenzó entonces un periodo de consultas del ERE que tendría que durar 30 días pero se prolongó durante 75, por la falta de acuerdo.

En la madrugada de ayer, cuando culminaba ese plazo, sindicatos y empresa llegaron a un acuerdo de prórroga que da seis meses más de margen a la plantilla. Así, hasta el 31 de junio Alcoa garantiza el empleo de los 623 empleados indefinidos, 268 de ellos a través de un plan de formación, y mantiene sus actividades de fundición en ambas plantas, así como la torre de pasta en La Coruña. Además, se compromete a adoptar las «medidas precisas» para efectuar una parada programada de las cubas de electrolisis que permitan ser reutilizadas por un potencial comprador.

Así lo anunció la empresa, y lo corroboraron sindicatos y Gobierno. El principal objetivo al que se quiere llegar es conseguir un inversor. En el caso de que eso ocurra, Alcoa se compromete a asumir el coste de rearrancar las cubas hasta un límite de 40 millones de euros (20 millones por cada planta) a cambio de que el comprador asuma a «la totalidad de los trabajadores de las plantas».

Si no se encuentra inversor, Alcoa garantiza el empleo a más de la mitad de la plantilla, 355 trabajadores, mediante el mantenimiento de la actividad de fundición en ambas plantas y la torre de pasta de La Coruña -hasta 205 empleados-, la recolocación de trabajadores en la otra planta que tiene en España, en San Ciprián (Lugo) -para otros 106 empleados si «los trabajadores de esta planta aceptan» un plan de bajas incentivadas- y una prejubilación para los trabajadores de más de 53 años -44 empleados-.

Los otros 268 trabajadores no incluidos en las medidas anteriores son los que se quedan más desprotegidos. Recibirían una compensación por la extinción de su relación laboral consistente en una indemnización de 60 días de salario por año de servicio sin límite de anualidades, más otros 10.000 euros.