La política económica tiene un nuevo referente. El Gobierno laborista de Nueva Zelanda encabezado por la primera ministra, Jacinda Ardern, presentó este jueves un Presupuesto anual que los economistas han venido a bautizar como Presupuestos del Bienestar al aparcar el enfoque tradicional basado en la gestión de ingresos-gastos o costes-beneficio y considerar prioritarios los objetivos de bienestar de la población. Para establecer las prioridades se ha utilizado una herramienta del Ministerio de Finanzas llamada 'marco de los estándares de vida', basada en parámetros como la identidad cultural, el medio ambiente, la vivienda, los ingresos, el consumo y las interrrelaciones sociales.

Entre críticas de postureo y calificaciones de insustacial por parte de la oposición, Ardern defiende sus Presupuestos como un giro hacia el bienestar mediante la reordenación presupuestaria y el establecimiento de nuevas prioridades. Paralelamente se eleva el límite de la deuda neta del 20% al 25% del PIB.

El cambio de objetivos se aplicará a nuevos gastos y no a todo el Presupuesto de forma integral. Los Presupuestos antiPIB, bautizados también de esta manera al pretender no centrar el objetivo en el crecimiento económico, parten de una base económica saludable del país. El buen momento de Nueva Zelanda se expresa en un crecimiento previsto del 2,5% este año y del 2,9% en el 2020. También en un aumento de las demandas sociales, como la huelga general del profesorado registrada esta misma semana, por ejemplo. Como ya anunció Ardern en la pasada Cumbre de Davos, ha llegado el momento de mejorar el reparto de la riqueza.

El expresidente del Banco Central de Nueva Zelanda y profesor de Economía de la Universidad Victoria, Arthur Grimes, reconoció a Efe que "la retórica es nueva, pero la práctica no lo es" ya que anteriores gobiernos del país ya incluyeron medidas de asistencia social en los Presupuestos, aunque es cierto que en los de Ardern se hace incapié en "aspectos específicos del bienestar".

"En nuestro primer Presupuesto del Bienestar estamos midiendo y prestando atención a lo que valoran los neozelandeses: la salud de nuestra gente y nuestro medio ambiente, los puntos fuertes de nuestras comunidades y la prosperidad de nuestra nación", dijo el ministro de Finanzas, Grant Robertson, ante el Parlamento.

El planteamiento se ha consolidado en partidas presupuestarias nuevas y reservadas para objetivos delimitados. El Presupuesto contempla 14.981 millones de euros en los próximos cuatro años para esos fines. Por ejemplo, 878 millones de euros irán destinados a programas para cuidar la salud mental y combatir las adicciones en el país. Otros para la lucha contra la pobreza infantil y la violencia doméstica. Las arcas públicas también destinarán fondos a proyectos que impulsen el desarrollo de las poblaciones maoríes y del Pacífico y para mitigar los efectos del cambio climático con el objetivo de alcanzar emisiones cero de CO2 para el 2050.

El énfasis en la salud mental se da después de que Nueva Zelanda sufriera en marzo pasado un ataque terrorista contra dos mezquitas en el que murieron 51 personas y que fue atribuido al supremacista blanco australiano Brenton Tarrant, por lo que la partida incluye el apoyo a los supervivientes y los familiares de las víctimas. El Gobierno de Nueva Zelanda introdujo entonces una reforma de la ley de tenencia de armas, que incluye la compra de armas a particulares que le costará al erario unos 98 millones de euros.

El Presupuesto contempla un superávit de 2.048 millones de euros para el año fiscal 2018-19, y de 819 millones de euros en el 2020. La deuda será del 19,9% del PIB para el ejercicio 2021-22. La iniciativa neozelandesa sigue a la de Bután, que en el 2008 introdujo un índice de felicidad nacional para que sirviera como guía de la política de su Gobierno.

Ante la apariencia de sofisticado populismo, se diría que la iniciativa del Gobierno de Nueva Zelanda está inspirada en el pensamiento de económico del polaco Michal Kalecki, que consideraba que la primacía continuada del capital lleva a una reducción progresiva de las rentas del trabajo y a problemas de demanda e inestabilidad social. La idea es que el sistema productivo debe estar encaminado a satisfacer las necesidades de la población, y que estas no estén determinadas por el mercado sino por la voluntad política de los ciudadanos. Mientras algunos economistas pretenden gobiernos de tecnócratas, Ardern aplica soluciones políticas y desde la política a la economía.