La elevación del impuesto al diésel para equipararlo a la carga fiscal de la gasolina que pretende el Gobierno permitiría al Estado recaudar 1.318 millones de euros más este año. Así lo estimó ayer el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, quien destacó que el impacto del alza sería mayor para los hogares con rentas más altas. Así, de media se verían afectadas el 41% de las familias, pero el 61% de las más ricas y el 8% de las más pobres. El mayor número de coches en propiedad y su mayor uso lo explica.

El año pasado, todavía en la oposición, el PSOE planteó esta iniciativa para «revertir una medida que se adoptó hace años en la creencia de que el diésel era menos contaminante que la gasolina» y calculó que permitiría una recaudación adicional de 2.140 millones si se aplicaba de una vez o de 600 millones si se hacía de forma escalada. En el proyecto de presupuestos del Estado para el 2019 que rechazó el Congreso, los socialistas ya en el Gobierno incluyeron un alza de 3,8 céntimos por cada 100 litros de combustible como primer paso (la tributación del gasóleo es ahora 9,3 céntimos inferior a la de la gasolina).

VALORACIÓN NO VINCULANTE / En el mismo curso de la APIE y el BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el que participó Escrivá, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, señaló que el Ejecutivo no le preguntó sobre dicha equiparación progresiva introducida en el proyecto de cuentas públicas, pese a que debería haberlo hecho para que emitiera una valoración no vinculante al respecto. También subrayó que la «diferencia fiscal a favor del diésel no es frecuente en otros países de la Unión Europea».

Escrivá, por otro lado, subrayó que los ingresos por la fiscalidad medioambiental o verde en España equivalen al 1,83% sobre el PIB con datos del 2017, frente al 2,4% de la Unión Europea y el 2,37% de la zona euro. Es más, el nivel de recaudación en este tipo de impuestos ha caído desde el 2,1% del 1995. Si se igualase con la media comunitaria, las administraciones públicas ingresarían unos 6.880 millones de euros más al año.

Además, existe una gran disparidad autonómica con sus tributos propios: va desde el 0,8% de Extremadura hasta el 0,1% de Cataluña, Cantabria, Madrid y La Rioja. «El sector público también puede jugar un papel importante canalizando fondos hacia inversiones sostenibles», añadió el presidente de la Airef tras destacar que las inversiones medioambientables que se permiten fuera de las restricciones de la regla de gasto apenas suponen el 1% de las inversiones totales de los ayuntamientos y el 4% en las autonomías.

En este sentido, José Luis Escrivá consideró necesario que exista una mayor coordinación y la creación de una agencia especializada en evaluar las políticas medioambientales, como sucede en Holanda.