A los diputados de la Comisión del Pacto de Toledo, la decisión del confinamiento les pilló trabajando. «El 10 de marzo, cuando se suspendieron las actividades presenciales en el Parlamento, estábamos reunidos y nos avisaron para desalojar el Congreso», recuerda Magdalena Valerio, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo y exministra socialista de Trabajo. La irrupción del coronavirus hibernó los trabajos para la reforma del sistema de pensiones y el 22 de junio «los hemos retomado donde lo dejamos», añade Valerio, en una entrevista telefónica.

- ¿Cuál es el plan y el calendario de trabajo en la Comisión?

- Tenemos mucho trabajo avanzado, de cuando se estuvo a punto de llegar a un acuerdo en febrero del 2019, que descarriló en el último momento porque hubo algunos grupos que decidieron dejarlo todo para después de las elecciones del 28 de abril. Pero ahora hay portavoces nuevos y un grupo parlamentario, el de Vox, que no existía entonces. Hemos decidido utilizar la segunda quincena de julio para celebrar todas las reuniones que sean necesarias con los técnicos del Ministerio de Inclusión para resolver dudas. El objetivo es terminar de cerrar las recomendaciones en los meses de septiembre y octubre, con el fin de tenerlas renovadas antes de final de año.

- ¿En el fracaso de las negociaciones del 2019 cuánto tuvo que ver la actitud de Unidas Podemos y de su portavoz, Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo?

- Lo que pasó en aquella ronda forma parte de la historia y está escrito. Prefiero mirar al presente y proyectar al futuro. Estamos en una situación radicalmente distinta, en un gobierno de coalición con Unidas Podemos que funciona francamente bien.

- ¿En un Parlamento tan fragmentado, será posible reeditar un consenso tan amplio como el que tuvo en su origen el Pacto de Toledo, hace 25 años?

- El día que se aprobó el Ingreso Mínimo Vital en el Congreso con 297 síes, 52 abstenciones de Vox y cero votos en contra fue muy emocionante para mí. Vi que se abría una puerta hacia la esperanza de que en los grandes temas vamos a ser capaces de llegar a acuerdos. Eso es lo que espero para la pensiones.

- ¿Ve a Vox en ese consenso?

- Vox predica el patriotismo y la defensa de España y de los españoles. Pues hay un porcentaje muy grande de españoles que están cobrando pensión, y hay muchos millones que pretendemos cobrarla y otros millones que están trabajando ahora a tope para poderla cobrar en un futuro. Por eso yo sí veo a Vox en el acuerdo, aunque hagan algún voto particular.

El objetivo es cerrar las sugerencias del Pacto de Toledo en septiembre y octubre para su renovación antes de año

- El PSOE se había comprometido a eliminar el déficit de la Seguridad Social en cinco años ¿Ve posible ahora ese objetivo?

- No sé si cinco, seis… lo tendremos que ver en el Pacto de Toledo. Es verdad que el covid ha afectado a la economía. La Seguridad Social ha necesitado un nuevo préstamo con 16.000 millones y una transferencia de 14.000 millones. Este año va a ser muy complicado, pero estoy convencida de que saldremos adelante.

- ¿Cómo hay que abordar ese reto?

- Lo importante es que la Seguridad Social pague con cotizaciones solo las prestaciones contributivas, que es la filosofía de la separación de fuentes del Pacto de Toledo y de la ley de Seguridad Social. Y la ley ya prevé que en caso de necesidad la Hacienda Pública tiene que transferir fondos, vía impuestos, que es ni más ni menos lo que están haciendo otros países de la UE. ¿Lo podríamos hacer en cinco años? Sería lo ideal. ¿No es posible porque la situación ha cambiado? Ya lo veremos. Esto tiene que pasar por la mesa del Pacto de Toledo y por la del diálogo social.

Yo sí veo a Vox en el acuerdo sobre pensiones, aunque presenten algún voto particular en contra

- Antes de la pandemia, estaba sobre la mesa buscar nuevos impuestos para financiar las pensiones ¿Hay recetas que ya no son válidas?

- En el programa del PSOE planteamos el impuesto de transacciones como finalista para la Seguridad Social. Ahora eso no es lo fundamental. Hay que reordenar los gastos de la Seguridad Social para que solo se pague con cotizaciones lo contributivo y que el Estado apoye vía recaudación de impuestos lo que sea necesario. Discutir si tienen que ser impuestos finalistas, o la imposición general, eso ya es opinable. Hay países que han optado por una vía o por la otra. Además, la lucha contra el fraude fiscal y laboral puede aportar muchos ingresos, como se ha demostrado con el plan director por un trabajo digno. En poco más de un año afloraron 187.000 puestos de trabajo y solo eso implicó casi 1.600 millones de recaudación.

- ¿Cabe subir las cotizaciones en este contexto?

- Yo no creo que nadie tenga en el guion subir las cotizaciones.

- ¿Está sobre la mesa algún modelo de factor de sostenibilidad?

- No me consta. Si hay que hablar de ello se hablará, pero ahora no está sobre la mesa.

- ¿No ve conveniente alguna manera de vincular la mayor esperanza de vida con alargar la edad de jubilación o reducir la prestación?

- Para nada. El ministro Escrivá ha dejado claro que lo que se quiere hacer es acercar la edad media real de jubilación a la legal, que para algunas personas será 67 años y para otras con mayor carrera de cotización sigue siendo 65 años. Ahora mismo la edad real de jubilación está ya en 64,4 años. Pero por ahora no está encima de la mesa incrementar la edad de jubilación, que ya la tenemos en 67 años.

El programa del PSOE planteaba la tasa financiera para pagar pensiones; ahora eso no es lo fundamental

- ¿No cabe duda de que las pensiones van a seguir subiendo de acuerdo al IPC real?

- Existe un preacuerdo político para ello en el Pacto de Toledo. Que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones es muy importante porque los pensionistas actuales ya no tienen margen de maniobra para recomponer sus rentas.

- ¿Qué medidas se plantean para avanzar en la igualdad en materia de pensiones entre hombres y mujeres?

- Ya hay medidas para cubrir lagunas de cotización en las mujeres que han tenido hijos. Eso ha hecho bajar un poco la brecha de género en pensiones. Lo que pasa es que el tribunal europeo lo ha juzgado discriminatorio, contra los hombres. Me consta que el Ministerio está trabajando en modificarlo y me imagino que lo tratará en la mesa de diálogo social, pero no sé cómo va a quedar la regulación.