El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prepara un mecanismo de perdón parcial de la deuda autonómica contraída con el Estado a través de una fórmula que pueda ser digerible por los barones del PP que rechazan aplicar «quitas» en las cantidades adeudadas y que previenen contra cualquier intento de trato favorable hacia las comunidades que pudieran no haber hecho sus deberes durante la crisis.

El mecanismo que ultima Hacienda pasa por alargar plazos de la deuda y bajar tipos de interés, tal como hizo el propio Banco Central Europeo con Irlanda en el 2013 sin provocar demasiado ruido. Hay expertos que estiman que alargar de 10 a 40 años el plazo de la deuda y bajar en medio punto el tipo de interés puede equivaler a una quita de la deuda del 25% en determinados supuestos de tasa de descuento, según cálculos orientativos de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

El presidente del BCE, Mario Draghi, negoció en febrero del 2013 con Irlanda una permuta de deuda a menos de 10 años por otra a 32 años de media, a un tipo de interés menor. Irlanda, que tenía contraída con el BCE una deuda de 31.000 millones, logró ahorrar «miles de millones», según dijo entonces su primer ministro, y todo ello de una forma indolora, sin violar presuntas reglas europeas contrarias al perdón de deudas y sin provocar crítica alguna de ninguno de los halcones europeos de la austeridad.

Este es el modelo que parece estar presente en los planes de Montoro, a tenor de lo expresado este miércoles en la misma tribuna del Congreso de los Diputados. El foco se sitúa sobre la deuda actual de casi 160.000 millones de euros -según los últimos datos del Banco de España- de las comunidades con el Estado a través los mecanismos de rescate arbitrados por el Estado desde el 2012 en forma de fondo de liquidez autonómica (FLA) o de plan de pago a proveedores (PPP), sobre todo.

«No hay quitas posibles», dijo Montoro en el Congreso, lanzando así un mensaje tranquilizador a los barones más críticos del PP, como el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Frente a esta opción, Montoro habló de alargar los plazos de vencimiento de la deuda autonómica contraída con el Estado (en la actualidad es de 10 años) y de renegociar «las condiciones financieras», en alusión a posibles recortes en los ya muy bajos tipos de interés de estas emisiones.

«El resultado puede ser equivalente al de una quita, si bien es un método menos transparente», explica Salvador Jiménez, consultor de Análisis Económico y Mercados de AFI.

El debate sobre la reestructuración de la deuda autonómica forma parte de la negociación pendientes de un nuevo modelo de financiación territorial en la que Hacienda está haciendo valer los nuevos recursos proporcionados por la propia recuperación. Solo en el 2017 la recaudación tributaria subió en 12.000 millones.

ALIGERAR LOS GASTOS / Hacienda se resiste a poner recursos adicionales sobre la mesa. Montoro prefiere hacer llegar a las autonomías el oxígeno que demandan por la vía de ahorros en su carga financiera anual vinculada a la deuda. Hacienda interpreta que en un contexto como el actual -las autonomías situarán muy pronto sus cuentas en equilibrio, sin necesidad de emitir nueva deuda, y la regla de gasto impedirá a las comunidades aplicar a partidas sociales posibles recursos adicionales- la única manera eficaz de permitir a las comunidades un mayor gasto en sanidad, educación o servicios sociales es aligerar su carga de gastos financieros. El lema parecer ser «el dinero nuevo está en la deuda», y ahí entra en juego su reestructuración.

El ministro vincula la reestructuración de la deuda, con el perdón que ello supone, a los casos de «infrafinanciación» sufrida por algunas comunidades en los últimos años por efecto de los propios modelos de asignación de recursos. Existe plena coincidencia en que Valencia es un caso claro de infrafinanciación. Los datos oficiales también permiten llegar a esta conclusión con Cataluña, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha. El problema, según fuentes de Hacienda, reside en poner cifra a esa infrafinanciación acumulada antes de justificar una compensación.