Menos abusos con los seguros y productos financieros vinculados a las hipotecas. Ese es uno de los objetivos de los cambios introducidos en el proyecto de ley de contratos de crédito inmobiliario, que incluye este aspecto que afecta a los titulares de préstamos para la compra de vivienda, y cuya tramitación se encuentra paralizada en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno aprobó el anteproyecto de ley que traspone a la legislación española de la directiva hipotecaria comunitaria en noviembre pasado, con medidas que aumentan la transparencia en los préstamos y la prohibición de las ventas vinculadas a la hipoteca, como los seguros. Bélgica, Francia, Irlanda e Italia hicieron esta trasposición en el 2016 y Portugal, el año pasado.

Según la exposición de motivos, la prohibición de las ventas vinculadas tiene como objetivo «favorecer la elección del producto más adecuado por parte del cliente y fomentar la competencia entre prestamistas, posibilitando la venta agrupada en aquellos casos en los que resulte más beneficioso para aquellos».

Una de las últimas victorias logradas por la Asociación Española de Corredurías de Seguros (Adecose), que hace años que combate las prácticas bancarias con los seguros, ha consistido en establecer en el proyecto de norma la obligatoriedad de que las pólizas de seguros ofrecidas por las entidades financieras prestamistas sean de «carácter anual renovable». Esta medida cuenta con el apoyo de Ciudadanos, el PNV y Esquerra Republicana (ERC). En muchos casos, los bancos tratan de imponer pólizas con una duración mínima de 10 años.

La norma que se encuentra en el Congreso obliga a las entidades a presentar a sus clientes ofertas alternativas, con y sin productos asociados, y a que el consumidor pueda contratar la póliza por su cuenta. Hasta la fecha, se ha realizado el debate de totalidad por la presentación de una enmienda de totalidad de Unidos Podemos en que proponía una nueva redacción del proyecto de ley