El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha hecho suya la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha imputado al BBVA, como persona jurídica, por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, por los contratos que firmó con la empresa de seguridad Cenyt, del excomisario José Manuel Villarejo, informaron fuentes jurídicas.
El instructor del 'caso Tándem', en el que se investigan las cloacas policiales, ha cortado por lo sano con la pretensión del banco de poder personarse para ejercer la acusación particular contra Villarejo, al considerarse perjudicada con su actuación. Ese extremo también era rechazado por Anticorrupción tras estudiar la documentación que obra en la causa, así como la aportada por la propia entidad bancaria, que siempre ha reiterado su "firme compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley", para lo que, como anunció su presidente, Carlos Torres Vila, continuarán "colaborando activamente con la justicia".
Según el banco, ya entregó al juzgado "los hallazgos relevantes de la investigación ‘forensic’ encargada hace 6 meses a Garrigues, Uría Menéndez y PwC". Pero no fueron suficientes para Anticorrupición. La fiscalía basaba la necesidad de que el BBVA responda como imputado -situación en la que ya se encuentran ocho de su exdirectivos, entre ellos quien fue su consejero delegado entre 2009 y 2015, Ángel Cano- en la entidad era la que habría resultada beneficiada con los contratos suscritos, que "habrían tenido por objeto el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito".
Eso se producía por la "incompatibilidad de los encargos asumidos por el entramado empresarial de Villarejo" con su condición de policía en activo y por el hecho de que "habrían implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria".
Esas vulneraciones de derechos, entre las que se enmarcarían el supuesto acceso a 15.000 llamadas de entonces miembros del Gobierno, empresarios y periodistas, podrían ser constitutivas, según Anticorrupción, de "múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos". El de cohecho habría sido cometido por los exdirectivos que cobraron dádivas del excomisario para que aseguraran la firma de los contratos entre su empresa y el BBVA. Esos documentos fueron suscritos por el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, al que el magistrado impuso una fianza de 300.000 euros para evitar la cárcel.
Garantía retirada
La de Corrochano ha sido la garantía más alta solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en la pieza relativa a los contratos firmados entre el banco y Villarejo, después de que este lunes retirara la petición de medio millón de euros que había pedido el viernes para Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana (DCN) tras declarar por segunda vez ante el juez.
Fuentes jurídicas han señalado que Anticorrupción ha decidido retirar su petición con la documentación que ha aportado este lunes ha conseguido convencer al ministerio público, que ha retirado su petición.
