Cuando poco antes de mediodía desde la Moncloa se anunció que habían arrojado la toalla y habían decidido retirar la candidatura de la ministra de Economía en funciones, Nadia Claviño, para el Fondo Monetario Internacinal (FMI) la justificación fue la búsqueda del consenso. «España estará siempre dispuesta a promover el consenso entre los países de la Unión Europea para elegir una candidatura común a la dirección del Fondo Monetario Internacional. Con tal fin, anunciamos que el gobierno apuesta por lograr un acuerdo europeo, sin que la ministra de Economía Nadia Calviño participe en la siguiente fase».
A su vez defendieron que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez «seguirá trabajando para impulsar la gobernanza de los organismos internacionales y considera un honor que cualquiera de sus integrantes pueda ser considerado, ahora y en el futuro, como una garantía al más alto nivel para su funcionamiento».
Los argumentos no son muy diferentes de los empleados en la víspera por el actual presidente del Eurogrupo y ministro de Economía de Portugal, Mário Centeno. Ni tampoco por el excomisario y goberandor del Banco de Finlandia, Olli Rehn, que abandonó la pugna poco antes de que se iniciara la segunda ronda de votaciones.
Al final, la capacidad de lograr consensos repitió el patrón de cuando se tuvo que elegir a los relevos para los principales cargos de la Unión Europea (UE), desde la presidencia de la Comisión a la del Banco Central Europeo (BCE). Los equilibrios entre el poder geográfico y económico y el ideológico (conservadores, socialdemócratas y liberales) resultan ser el factor decisivo.
