Los inspectores de Hacienda consideran que la lucha contra la corrupción debe figurar como una línea de actuación preferente en el Plan de Control Tributario (PCT) y por eso reclaman un plan especial de inspección de los representantes políticos y de partidos políticos, de carácter permanente y anual. Esta es una antigua idea de la asociación Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) que ahora ha sido incorporada a la nueva propuesta para un estatuto de la Agencia Tributaria que la organización prevé entregar a los grupos parlamentarios y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para impulsar su tramitación.

Las líneas básicas de esta propuesta de estatuto fueron presentadas ayer en Sevilla por el presidente de la organización Inspectores de Hacienda del Estado, José Luis Groba, en la sesión de apertura del 27º congreso anual que IHE celebra en la ciudad andaluza, en cuya apertura participó el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández Moya.

CONTACTOS POLÍTICOS / La elaboración de un estatuto para la Agencia Tributaria es una vieja aspiración del colectivo de inspectores para armar la independencia política de la organización y mejorar sus niveles de eficacia. El compromiso de elaborar este estatuto ha sido asumido por el Parlamento español en diferentes ocasiones y es una constante en los programas de los principales partidos políticos, sin que hasta ahora haya habido ningún fruto al respecto. Con esta nueva propuesta -que actualiza otra previa, formulada en el 2014-, la asociación IHE pretende dar un nuevo impulso a esta aspiración.

El objetivo, según Groba, es que en el 2018 el Parlamento incorpore en alguna disposición legal el mandato al Gobierno para aprobar un estatuto de la AEAT en el plazo que se estime oportuno. En conversaciones previas, la asociación de inspectores ha apreciado coincidencia en los representantes parlamentarios de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos para impulsar una iniciativa de este tipo, sin entrar aún en contenidos concretos, según explicó Groba en un encuentro con periodistas en Sevilla.

Para garantizar la independencia política de la Agencia Tributaria, los inspectores plantean que el secretario de Estado de Hacienda deje de ser el presidente del organismo y que el director general sea nombrado por el Parlamento, por mayoría cualificada, para un mandato de cinco años renovable por otros cinco y con unas causas de destitución reguladas en la ley.

En la actualidad corresponde al ministro de Hacienda designar al director de la Agencia Tributaria, circunstancia que a menudo se usa en el debate político para cuestionar la independencia del órgano de control fiscal del Estado. El actual director es Santiago Menéndez. En su documento, los inspectores también plantean la creación de una oficina nacional antifraude (Onaf).