La naranja española atraviesa una grave crisis que ha dejado la mayor parte de la cosecha en los árboles y en el suelo, como consecuencia principalmente de la entrada masiva de fruta procedente de Sudáfrica, y con pérdidas que ascienden hasta los 100 millones de euros.

El acuerdo que firmó la Unión Europea con el país africano en el 2016 fue el mazazo definitivo para un sector muy castigado ya por el cambio climático. En el acuerdo, se determinaba una reducción en los aranceles de entrada de forma progresiva hasta el 2025, cuando dejarán de existir estas tasas de importación.

Ahora el sector de los cítricos denuncia que esta fruta ha inundado los mercados y reventado los precios, por lo que muchos productores se han visto obligados a dejar perder la campaña en los árboles o el suelo, pues es más rentable que recogerla.

QUÍMICOS PROHIBIDOS / En cuanto al uso de químicos restringidos en Europa, recientemente la Unió de Llauradors, (una organización profesional agraria de Valencia) alertó de que se habían identificado a través de un estudio más de medio centenar de productos prohibidos por Bruselas en la fruta importada.

«En algunos países donde no se producen cítricos, los controles laborales y sanitarios son mucho más laxos que aquí, por lo que la mayor parte de la mercancía entra por estos puertos. Se debe apostar por un futuro modelo de fronteras conjuntas para evitar situaciones como esta», explicó en una rueda de prensa el eurodiputado del PDECat Ramon Tremosa. Su grupo indagará sobre si los otros países productores como Grecia o Italia viven la misma situación, para poder ejercer así presión conjunta sobre Europa.

Otra de las principales demandas del sector es que se aplique la cláusula de salvaguarda que está prevista en el acuerdo con Sudáfrica, que permitiría frenar las importaciones si se daña al sector local. «Abrir el mercado a la libre competencia, especialmente a países donde no se respetan las condiciones sanitarias o de personal, tiene consecuencias muy negativas para el sector local, porque destruye la economía de muchos pueblos rurales», critica Federico Tarazona, director de la Exportadora Agris Alcanar, en la que 800 familias viven de la naranja. «Nuestra economía descansa sobre los cítricos. Si caen los productores, cae toda la economía del municipio, con efecto dominó», lamenta el alcalde del municipio, Joan Roig. Desde hace unas semanas, alrededor de 60 localidades valencianas y catalanas salen a la calle para protestar. A la espera de que Europa les escuche y puedan salvar las futuras cosechas porque esta ya la dan por perdida.