José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia desde que el Gobierno de Mariano Rajoy forzó la salida de Rodrigo Rato en mayo del 2012, defendió ayer su gestión, pero al mismo tiempo avaló indirectamente que su antecesor y su equipo no cometieron ningún delito. El ejecutivo compareció en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional como testigo y, por lo tanto, con la obligación de decir la verdad, pero su entidad está acusada de estafa a los inversores por su salida a bolsa en julio del 2011.
La clave del interrogatorio fue la reformulación de las cuentas del banco del 2011 que aprobó poco después de acceder al cargo. Rato había anunciado unos beneficios de 309 millones sin contar con el informe del auditor, que tras la llegada de Goirigolzarri, y ya con el visto bueno de Deloitte, se transformaron en unas pérdidas de 3.030 millones. El ejecutivo lo achacó a «asuntos sobrevenidos y ajenos a la salida a bolsa». Es decir, negó falsedad contable en dicha operación para alivio de los 34 acusados y contrariedad de la fiscala Carmen Launa.
El banquero defendió que la reformulación se debió al «extraordinario crash» que sufrió la economía en pocos meses. Las cuentas de Rato, en su opinión, estaban formuladas con datos de febrero, pese a cerrarse en marzo. En medio se produjo un «cambio extraordinario del contexto económico». Los bancos, recordó, cayeron en bolsa un 40% en los primeros meses del 2012.
Goirigolzarri, en esta línea, negó que el Banco de España o el ministro de Economía, Luis de Guindos, le impusieran reformular las cuentas o pedir la nacionalización. También rechazó que pidiese la dimisión a todos los consejeros de Bankia y de su matriz BFA porque sospechase que hubieran cometido ninguna ilegalidad, sino para empezar una «etapa nueva». La fiscala le llegó a preguntar si estaba tratando de suavizar la responsabilidad de dichos consejeros, hoy acusados en su mayoría, pero el ejecutivo lo negó rotundamente.
