El Fondo de Pensiones de las pensiones de la Seguridad Social ha perdido este año 23,81 millones de euros solo por efecto de la rentabilidad negativa de los activos en los que están invertidos los recursos de la llamada hucha de las pensiones. Según datos de la Seguridad Social, el valor de mercado de los activos del Fondo de Reserva ha pasado de 8.085,37 millones de euros a finales del 2017 a 8.061,56 millones en el momento actual.

Con estos datos sobre la mesa, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, criticó ayer la gestión de la tesorería realizada por el equipo de Mariano Rajoy saliente en la medida en que acordó colocar todos los ahorros del Fondo de Reserva en valores a corto plazo, «con rentabilidad negativa» por efecto de la política monetaria del Banco Central Europeo.

Durante su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, Granado explicó que el anterior equipo decidió en enero del 2017 un cambio de criterio en la gestión de las inversiones del Fondo de Reserva para dedicar la totalidad de inversiones a corto plazo. Según el acta del Comité de Gestión del Fondo de Reserva relativa a enero del 2017, a la que se refirió Granado, el Gobierno de Rajoy tenía serias dudas sobre cómo hacer frente al pago de las pensiones a lo largo del año y por eso optó por no comprometer inversiones a medio y largo plazo.

Este criterio, que se ha seguido manteniendo en el 2018, ha dado como resultado una erosión del Fondo de Reserva de casi 24 millones de euros en lo que va de año. Según Granado, si se hubiera mantenido una combinación de inversiones a corto, medio y largo plazo, se habría logrado una mejor rentabilidad de los recursos. En este sentido, ha anunciado la intención de su departamento de volver a gestionar la tesorería de la hucha de las pensiones con el criterio de «duración modificada», que implica diversificar los plazos en las inversiones.

Las actas a las que se ha referido Granado, también ponen de manifiesto que el anterior Gobierno había decidido volver a echar mano del Fondo de Reserva para atender, al menos en parte, al pago de la extra de Navidad del 2018.

La actual ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció este mismo martes que el Gobierno socialista va a tener que sacar «algo» del Fondo de Reserva en diciembre y añadió que «el año que viene se necesitará también algún crédito porque «solo con cotizaciones no se puede mantener en este momento el sistema». En un almuerzo informativo organizado por el Club Siglo XXI la ministra subrayó que puede haber un debate sobre impuestos generales o especiales para pagar las pensiones pero «que vamos a necesitar una inyección vía Presupuestos Generales del Estado es incuestionable». En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también avanzó este martes que el futuro impuesto a las transacciones financieras se dedicará «en exclusiva» a financiar la Seguridad Social, según apuntó en declaraciones a La Sexta.

Aunque no precisó los ingresos que pretenden obtenerse con este impuesto, aun pendiente de la negociación presupuestaria con Unidos Podemos, la idea es que «la recaudación se lleve íntegramente a la Seguridad Social», sin que sea necesario «hacer nada extraordinario».

Según Montero, esta medida no será «lo último ni lo definitivo», y si en el 2020 fueran necesarias medidas adicionales para sostener el sistema de pensiones se abordarían «tanto por la vía de los ingresos como de quitar a la Seguridad Social algunas cosas que paga (...) y que podría asumir la Administración General del Estado».

A lo largo del día de ayer, diferentes miembros del Gobierno volvieron a ratificar el compromiso del Ejecutivo socialista con la revalorización de las pensiones de acuerdo con el índice de precios de consumo (IPC). Lo hizo el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, en la Comisión del Pacto de Toledo. Pero también la ministra de Hacienda, la de Economía y la de Trabajo en el Parlamento y en actos públicos.

Según el Secretario de Estado, en el 2018 y el 2019 los pensiones deben recuperar parte del poder adquisitivo perdido. De cara al futuro, Granado advirtió de los «efectos perversos» de utilizar un indicador mensual para guiar la subida y abogó por buscar «un indicador lo más competente posible».

Además, propuso que la cuantía de las pensiones se termine calculando con toda la vida laboral.