La tecnológica china Huawei ha solicitado a la justicia estadounidense que declare inconstitucional el boicot a sus productos. La compañía asegura que Washington no ha aportado aún ninguna prueba que apuntale sus acusaciones de espionaje y subraya que el acoso está castigando a millones de usuarios de todo el mundo. Las revelaciones llegaron ayer en una conferencia de prensa celebrada en su sede de Shenzhen (provincia sureña de Guangdong) donde quedó resumida su doble estrategia: una musculosa campaña de relaciones públicas para vencer las insidias y respuestas judiciales contra las leyes estadounidenses.

En el centro de la batalla judicial está la ley de autorización de defensa nacional aprobada el pasado año que prohíbe el uso de productos de Huawei a las agencias oficiales y a sus contratistas. La compañía demandó meses atrás al Gobierno estadounidense ante un tribunal de Tejas porque, a su juicio, aquella norma vulnera al menos tres preceptos constitucionales y rompe la separación de poderes. Está previsto que la vista oral empiece el 19 de septiembre y es evidente que los plazos judiciales juegan en contra de una compañía en situación crítica. Por ello presentó ayer una moción de juicio sumario por la que solicita al juez que levante esa prohibición antes de la conclusión del proceso.

ÚLTIMO RECURSO / «El sistema judicial es el último recurso para obtener justicia. Huawei tiene confianza en la independencia y la integridad del sistema judicial estadounidense», afirmó Song Liuping, jefe de los servicios jurídicos de la empresa.

Huawei está encajando buena parte de las bofetadas de la guerra comercial. La campaña de demolición de Washington, justificada en un presunto riesgo para su seguridad nacional, incluye insidias, leyes ad hoc y presiones a gobiernos para que secunden su boicot. «Los políticos estadounidenses están usando toda la fuerza de un país para perseguir a una compañía privada. No es normal, nunca se había visto en la historia», declaró Song. «No hay pruebas, no hay nada. Solo especulaciones», remachó. Y advirtió sobre el inquietante precedente que sienta: «Hoy son las telecomunicaciones y Huawei. Pero mañana podría ser tu industria, tu compañía y tus usuarios».

Song también incidió en los 3.000 millones de usuarios repartidos en 170 países que han quedado afectados. En su discurso subrayó los daños colaterales que sufrirá EEUU: las 1.200 compañías estadounidenses que venden tecnología a Huawei, las decenas de miles de trabajadores a los que emplean y las vastas zonas rurales sin banda ancha en las que Huawei planea instalar sus redes. «La conectividad es un derecho humano básico y el Gobierno de Estados Unidos lo está poniendo en riesgo», enfatizó.

LISTA NEGRA / Trump incluyó recientemente a la compañía en una lista negra que prohíbe a sus compañías venderle tecnología sin una autorización gubernamental expresa. A Huawei se le amontonan las malas noticias desde entonces. Google y los principales proveedores de chips y semiconductores han roto sus vínculos comerciales mientras Reino Unido y Japón han retrasado los lanzamientos de los últimos teléfonos Huawei. «Huawei es un instrumento del Gobierno chino», insistió en una entrevista el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.

La angustiante campaña estadounidense plantea hasta qué punto está amenazada la compañía que hoy es líder global en redes y solo tiene por delante a Samsung y Apple en el sector de la telefonía. Sus riesgos se concentran en las redes 5G, en las que Huawei parece tener ventaja a sus competidores occidentales. La compañía ha estado acumulando inventarios y diversificando su cartera de proveedores en los últimos tiempos, ha tranquilizado Song, y sus más de 40 contratos firmados aseguran el funcionamiento normal en uno o dos años.

Washington ve a la compañía como un espía a las órdenes del Partido Comunista de China. China acusa a Trump de pretender expulsarla del mercado.