Se dice que la venganza es un plato que debe servirse frío y que el ajuste de cuentas produce un placer especial cuando se hace al cabo de tiempo. Aunque seguramente no cabe mezclar tales sentimientos con la decisión del Gobierno de no renovar el contrato con las tres poderosas agencias que se dedican a poner nota de solvencia a los estados (Standard and Poor’s, Fitch y Moody’s), sí es fácil adivinar cierto regusto en la expresión del ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando explicó su decisión de romper vínculos con las tres firmas que pusieron la economía europea contra las cuerdas y que situaron a España al borde del bono basura y ante el abismo del rescate total en el 2012.

«La deuda española es tan relevante que lógicamente no se necesita pagar a ninguna agencia de rating por sus análisis», afirmó con cierta arrogancia Guindos en Bruselas el pasado martes al explicar su decisión de no renovar el contrato anual con S&P, algo que ya había hecho con Moody’s en el 2016 y con Fitch en el 2017. Solo se mantiene el vínculo con una agencia de rating, la canadiense DBRS que, ni en los peores momentos de la crisis expulsó a España del rango de la letra A, que se asigna a la deuda más solvente.

CUESTIÓN DE SOLVENCIA / Las agencias de calificación analizan la solvencia económica de empresas, bancos y administraciones públicas y su capacidad para devolver las deudas. En función de esos análisis, otorgan notas que van desde el bono basura (letra C), cuanto hay un elevado riesgo de impago, hasta la triple A, si la solvencia es absoluta. España perdió la triple A en abril del 2009 y tocó suelo en octubre del 2012. Desde entonces ha empezado a subir lentamente algunos escalones y, por primera vez, el viernes pasado una de las tres grandes agencias (Fitch) devolvió a la deuda española al terreno de la letra A, algo que, en opinión de Guindos, se habría empezado a producir hace ya unos meses sin el agravamiento de la tensión política en Cataluña ocasionada por el referéndum del 1-O.

La mejora de la clasificación de Fitch supone un reconocimiento de la «fuerte y amplia recuperación de la economía española» y de la reducción del déficit público, al tiempo que concede que la situación en Cataluña está teniendo un impacto muy limitado sobre la economía. Lo cierto es que, desde entonces, se ha acelerado el descenso de la prima de riesgo española, que ha caído por debajo de los 80 puntos esta semana, con el abaratamiento que ello conlleva para los intereses de la deuda.

«UNA SEÑAL POSITIVA» / «Creo que estamos entrando en una fase de normalización de las relaciones del Tesoro español con los inversores internacionales. Todas las agencias de rating van a valorar la deuda española» aunque el Estado español no pague por ello, dijo el ministro. «Miren lo que pasa en países de nuestro entorno, en Alemania, en Francia», donde no hay contratos del Tesoro con estas agencias.

«En el recuerdo está que las agencias de rating, en los momentos duros, contribuyeron a empeorarlo aún más», afirma el director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó, con cierta compresión hacia el tono de desquite utilizado por Guindos: «Ahora estamos en una situación de mayor confort».

La pregunta es si ahora España, con un nivel de deuda pública en torno al 100% de su producto interior bruto se puede permitir el lujo de prescindir de esos informes. Y la respuesta, del analista de AFI Salvador Jiménez, es que sí: «Existe mucha demanda de deuda española y las agencias de rating van a seguir calificándola aunque no exista un contrato con el Estado, porque existe suficiente información pública para hacerlo. No es muy lógico que pagues a alguien que te va a tener que calificar de todos modos». Y tanto Jiménez como Carbó admiten que el gesto del Gobierno contribuye a dar «una señal positiva» sobre la economía española en la medida en que está en línea con las primeras potencias europeas.