Quince años pasan ya desde la aprobación de la ley contra la morosidad (2004) y las grandes empresas del Ibex 35 aún pagan a sus proveedores a un plazo de 169 días, casi el triple del tope legal de 60 días, sin que en este tiempo los políticos hayan logrado sacar adelante un régimen sancionador capaz de multar a los incumplidores. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) presentó ayer su informe anual sobre Los plazos de pago en las empresas cotizadas en el que se pone de manifiesto que las grandes firmas del Ibex 35 acortaron en 13 días su plazo medio de pago a proveedores en el 2018, si bien aún es de 169 días. Los plazos oscilan entre los 92 días de media en el sector de energía y los 339 en el de comercio y servicios. El plazo medio de pago en las empresas del Ibex 35 de construcción e inmobiliarias se sitúa en los 267 días y en la industria baja a 165 días.
En todos los casos se da que estas grandes empresas cobran de sus proveedores mucho antes (57 días) de lo que ellas pagan a los suyos (169).
A COSTA DE LAS PYMES / «Estos datos evidencian que algunas de estas grandes compañías se financian, en cierta manera, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos, vulnerando la ley a través de su posición de dominio», denunció el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. Desde el punto de vista de la Plataforma, «solo con un régimen sancionador erradicaremos esta lacra».
El informe ha sido elaborado a partir de los datos publicados por las compañías en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en él se pone de relieve que la morosidad de las compañías del Ibex 35 con sus proveedores alcanza los 60.409 millones de euros. Este es el montante de las compras cuyos pagos se alargan por encima de los 60 a días. Dentro del periodo legal apenas se liquidaron facturas 57 millones en el 2018.
LISTADO DE CONSTRUCTORAS / En esta ocasión, el informe de la PMcM no incluye datos detallados para cada una de las empresas del Ibex-35. En el 2015 se publicó un listado de las constructoras que situaba a Ferrovial como la más morosa, seguida de Acciona, Sacyr, FCC, ACS y OHL.
La Plataforma ha querido publicar cuanto antes un avance del informe en el actual contexto preelectoral para hacer llegar a los partidos políticos la urgencia de aprobar un régimen sancionador cuanto antes.
Tras numerosos intentos, el Congreso de los Diputados estuvo a punto de culminar la aprobación de un régimen sancionador contra la morosidad en febrero del 2019. Pero una vez más, se disolvieron Las Cortes por el anticipo electoral y el proyecto de ley volvió a decaer. «Es como cuando estás a punto de meter un gol sin portero delante y te mueven la portería de sitio», dijo Cañete para mostrar la frustración de la PMcM. «Los grupos políticos deberían de dejar bien claro que la lucha antimorosidad será una prioridad en el próximo mandato convirtiéndose en una de las primeras propuestas que se pongan en marcha» añadió. Desde la PMcM se ha comprobado con decepción que entre las 370 medidas seleccionadas recientemente como prioritarias por el PSOE no aparece una alusión al citado régimen sancionador.
Más allá de las grandes firmas que componen el Ibex 35, la PMcM detecta un deterioro generalizado en el pago de la deuda comercial en el 2018. Los plazos aumentaron en el sector privado (de 77 a 81 días) y en el público (de 65 a 68 días), al tiempo que subió el ratio medio de impagados desde el 2,4% al 2,9%.
Los datos más recientes correspondientes al sector público (junio del 2019) muestran una ligera mejora en los plazos de pago de la administración central (30,42 días) y de la Seguridad Social (14,39 días), mientras que se han ensanchado en las autonomías (hasta los 36,21 días) y, sobre todo en los ayuntamientos, donde el periodo medio ha subido en 20,38 días en lo que va de año, hasta los 65,7 días.
empeoramiento / El presidente de la PMcM, sin embargo, no encuentra relación entre este empeoramiento en autonomías y ayuntamientos y la no actualización de las entregas a cuenta de la financiación que les debe transferir Hacienda por la no aprobación de un nuevo Presupuesto del Estado y por estar el Gobierno en funciones. No obstante, las pequeñas empresas temen que retrasos mayores en la segunda mitad del año como consecuencia de este factor. «No podemos utilizar a los proveedores como escudo de guerra en el enfrentamiento entre administraciones», adviritió Cañete.
