La causa que se sigue contra el excomisario José Manuel Villarejo, por los espionajes y chantajes que protagonizó con los medios que le proporcionaba ser policía en activo, está poniendo en la picota a personalidades que nadie pensaría que tendrían que desfilar por la Audiencia Nacional. Ayer le tocó el turno a Francisco González, primer presidente del BBVA. Lo hizo como imputado por los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, por la contratación de una de las empresas del expolicía, Cenyt, en 2004, cuando Sacyr quería hacerse con el control del banco. No es que González sea el primer banquero que ha tenido que dar explicaciones en la Audiencia Nacional. Ya lo hizo Emilio Botín, como presidente del Santander por el caso de las jubilaciones millonarias y luego por las cesiones de crédito, en las que se acuñó la doctrina a la que da nombre. Y más recientemente los expresidentes de Caja Madrid, el fallecido Miguel Blesa, y su sucesor, Rodrigo Rato, lo hicieron por las tarjetas black y la salida a bolsa de Bankia. La diferencia es que hasta ahora ninguno respondía por algo más que delitos cometidos en la gestión del banco, mientras que González lo ha hecho por contratar a un policía investigado por corrupción para presuntamente defenderse de la competencia a través de prácticas cuando menos cuestionables.

DESVINCULARSE DEL CONTRATO / Ante el juez Manuel García-Castellón González estuvo unas dos horas y media, durante las que se desvinculó de los contratos firmados con Villarejo, porque él no se ocupaba de esos menesteres, y hasta negó conocer al expolicía. No se le impuso ayer medidas cautelares como ha ocurrido con la mayoría de directivos y exdirectivos del BBVA que han comparecido, entre ellos su exconsejero delegado Ángel Cano. Al que sí se fijó fianza fue a su exjefe de Seguridad Julio Corrochano, que firmó los contratos entre el banco y la empresa de Villarejo y a quien se oyó decir, en uno de los audios intervenidos al expolicía, que daba cuenta al «presi» cada 10 o 15 días.

González aseguró a los medios que «cuando termine la investigación quedará muy claro que el grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de manera íntegra y ejemplar sin perjuicio de alguna conducta individual» que haya podido ser «irregular», aunque él lo desconoce.

El cohecho que se le imputa es por las dádivas que pudieron recibir directivos del banco para contratar a las empresas de Villarejo. El descubrimiento y revelación de secretos se debe al supuesto acceso a un registro de 15.000 llamadas de miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, empresarios y periodistas que presuntamente formaba parte de los servicios contratados por el banco. González tuvo cuidado en decir que el BBVA «es una gran institución internacional, que trabaja en beneficio de sus clientes y accionistas y presta servicios relevantes a la sociedad», pero no quiso dar más detalles sobre sus respuestas a los fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa. Se amparó en que la causa sigue secreta y recordó el comunicado emitido al abrirse esta pieza del caso Villarejo para mostrarse dispuesto a colaborar con la justicia «con toda transparencia y claridad».

«PARTE DEL PAISAJE» / Su citación se preveía desde que a las palabras de Corrochano se sumó el testimonio del presidente de Distrito Castellana Norte hasta que compareció ante el juez. Antonio Béjar declaró ante el juez que «Villarejo formaba parte del paisaje» del banco y que había oído al propio González decir que se contratara con quien indicara Corrochano. Justificó la relación con el expolicía en la persecución de morosos.

También declararon como testigo quien fuera jefe de Comunicación del BBVA y exjefe de Prensa de la Casa Real Javier Ayuso, y el expolicía Antonio Bonilla.